Tras la detención del dirigente de la organización Fuerza 2000, Federico López Flores, realizada el pasado miércoles, el integrante del comité central de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre Tonatiuh Sarabia Amador sostuvo que la persecución y las aprehensiones no acabarán hasta que termine el sexenio del panista Rafael Moreno Valle.
El abogado sostuvo que en los últimos seis años se ha presentado una persecución constante en contra de los dirigentes y de las organizaciones que mantienen una postura crítica y opuesta a la autoridad estatal, con el encarcelamiento de por lo menos cuatro comerciantes, que es el caso de la 28 de Octubre.
Al respecto, dijo que continúan vigentes órdenes de aprehensión contra la líder moral de la UPVA, Rita Amador López, además de Luz María Gálvez Javier, Sergio León y Silverio Montes Silva; sin embargo, admitió que esta represión es un fenómeno social en todo el país, aunque en el estado de Puebla está claramente arraigado.
Tonatiuh Sarabia informó que existen más de 250 procesados por motivos políticos, de los cuales decenas hasta el momento permanecen tras las rejas, a pesar de contar con órdenes federales de liberación.
Declaró que en Puebla la autoridad estatal tiene una manera parcial de impartir justicia, porque “maneja las instituciones a modo”.
Aseveró que las instituciones de justicia de Puebla quedan mal paradas ante las crecientes aprehensiones que se llevan a cabo, a través de delitos “fabricados” para imponer su ley.
Ejemplificó que el caso de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, fundador de la UPVA 28 de Octubre, refleja una fotografía de la forma en que se usa el derecho y las leyes para encarcelar por motivos políticos.
El responsable de su defensa legal dijo que a Rubén Sarabia lo mantienen encarcelado, a pesar de que el delito fue revocado por la justicia federal.
Aseguró que por eso el sistema de justicia poblano se conduce en función de los designios políticos de los altos mandos.
Acusó que no se valora la situación legal de los acusados, por lo que son encarcelados sin fundamentos legales, y no tienen oportunidad de defenderse de manera adecuada, porque la autoridad no lo permite.
En tanto, un grupo de ambulantes adheridos al grupo Fuerza 2000, a bordo de camiones del transporte público tomados por la fuerza, se movilizó al penal de San Miguel para protestar por la detención de su líder, Federico López, quien fue aprehendido el miércoles por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
El motivo de la detención está relacionado con la balacera ocurrida el pasado 22 de julio en el Centro Histórico, cuando ambulantes de este grupo se enfrentaron a balazos con policías estatales que intentaron desalojarlos del primer cuadro de la ciudad.