Criterios poco claros para evaluar a los sujetos obligados –quienes reciben recursos públicos–, falta de sanciones y procesos de verificación insuficientes, detectó la Universidad Iberoamericana (Ibero) en un análisis que realizó al funcionamiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIPUE).
El estudio revela que las fallas que detectó representan una vulneración al derecho humano de acceso a la información, pues el organismo que debería garantizar que la ciudadanía acceda a este no tiene forma de obligar a las autoridades a que cumplan con la ley.
Para hacer la verificación de la actuación del Instituto, la Ibero a través de su observatorio Con los Ojos Abiertos, realizó solicitudes de información, revisó reportes y documentos publicados por el propio organismo como denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia presentadas por la ciudadanía, verificaciones anuales de las publicaciones hechas por los sujetos obligados y la aprobación y ejecución de medidas de apremio por violaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
El ITAIPUE es el responsable de vigilar y garantizar el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información pública en el estado de Puebla, lo cual abarca el verificar las labores de los sujetos obligados para acatar las disposiciones legales en la materia, así como brindar apoyo y asesoría a la ciudadanía para poder ejercer este derecho.
En cuanto a las denuncias que el Instituto revisó se indica que en 2019 se presentaron 511 denuncias por incumplimiento en contra de 159 sujetos obligados, de las cuales sólo 384 fueron admitidas al cumplir con los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable.
Después del estudio de los casos, los y las integrantes del pleno del ITAIPUE determinaron que 225 denuncias fueron fundadas.
En el número de denuncias por incumplimiento subió a 627, de las cuales 607 fueron admitidas, sin embargo, sólo 204 fueron consideradas como fundadas.
El reporte correspondiente a 2021 abarca sólo hasta el 30 de septiembre, por lo que no se pidieron datos con respecto al seguimiento de las resoluciones emitidas, ya que esto sigue en proceso.
Pese a esto, destaca que el número de denuncias incrementó considerablemente. En los primeros tres trimestres del año se registraron mil 131 denuncias por incumplimiento, de las cuales se admitieron 914.
En cuanto a los problemas de verificación cabe señalar que en los dictámenes que se emitieron al final de cada proceso de verificación, se puede observar que, en 2019 el 65.8 por ciento de los sujetos obligados incumplió con sus obligaciones en la materia; en 2020 fue el 80.2 por ciento y este año se alcanzó un 69.1 por ciento.
A esto se suma que la metodología empleada para la selección del padrón de sujetos a verificar durante 2020 y 2021 cuenta con criterios que ocasiona que siempre se revisen a las mismas instancias, lo que abre la puerta a que el resto incumpla con las disposiciones de la ley.