Lunes, enero 17, 2022
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A dos meses de su despenalización, Puebla sigue criminalizando el aborto con 4 carpetas de investigación

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A dos meses que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la criminalización del aborto en el país, en Puebla se abrieron cuatro carpetas de investigación que violenta el derecho a decidir de las mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Además, hay pocos o nulos avances en el Congreso estatal para tratar de armonizar la legislación con el histórico fallo del máximo tribunal.

En los últimos siete años, en el estado de Puebla se han iniciado 48 denuncias penales por aborto, de las cuales seis corresponden al año pasado y cuatro en lo que va de 2021.

El Código Penal de Puebla señala que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y se castiga de uno a ocho años de cárcel, a quien haga abortar a una mujer, mientras que de seis meses a un año a mujer que decida suspender su embarazo.

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La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió un informe basado en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, en el que señala que las autoridades locales deben atender la no criminalización del aborto.

La información confirmó que al corte de septiembre se han iniciado 547 carpetas de investigación por aborto en el país.

Llamó la atención que este número es similar al que se registró en años recientes, como sucedió en 2015 (544 expedientes), 2016 (562) y 2017 (547). Mientras que en 2018 y 2019 se iniciaron más, con 604 y 717 causas penales por aborto, respectivamente.

Con el inicio de la epidemia por Covid-19, la cifra fue de 633 expedientes que criminalizan el aborto en 2020. Esto significa casi dos al día en promedio.

Incluso, el mismo mes que se dio el fallo unánime de la SCJN se abrieron 67 indagatorias por aborto, en septiembre del año pasado.

La Conavim detalló que en 27 estados de la República Mexicana hay 547 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, correspondientes al periodo entre enero y julio del año en curso.

Del total de procesos abiertos, el estado de México encabeza la lista con 124 casos; le siguen Nuevo León, con 95; la Ciudad de México, 69; Tamaulipas, 35; Querétaro 28; Baja California, 27; y Guanajuato, 19.

Mientras que Chiapas, Sinaloa y Jalisco registran siete procedimientos; mientras que Oaxaca y San Luis Potosí, llevan seis; Zacatecas y Tabasco con cinco cada uno; Coahuila, Puebla, Quintana Roo y Guerrero, cuatro carpetas; Chihuahua y Nayarit con tres casos respectivamente.

“Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación”, señala la Conavim.

Defensoría Pública dispondrá de abogados para defender a procesadas

La Conavim, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), llamó a las autoridades a que dentro de sus responsabilidades generen acciones para evitar la criminalización del aborto y revisar estas carpetas de investigación ya identificadas, para ajustarse a la determinación de la Suprema Corte.

La misma Corte también resolvió en días pasados invalidar las cláusulas de protección a la vida desde la concepción, previstas con distintas modalidades y alcances en las constituciones de más de una veintena de entidades.

El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los castigos penales a las mujeres que abortan y este resolutivo tuvo efectos generales en todo el país.

Tras el fallo, el presidente de la corte, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de la Defensoría Pública dispondrá de abogados públicos para defender a las mujeres procesadas por el crimen.

Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo se paga con cárcel en 28 entidades del país, sólo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.

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