El Colectivo de Extrabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (Icatep) solicita la intervención del gobernador Alejandro Armenta, al cumplirse 11 años de lucha sin conseguir la reinstalación laboral ordenada en 10 laudos a su favor. Los afectados, despedidos en el periodo de Rafael Moreno Valle, denuncian que la directiva del organismo ha bloqueado sistemáticamente la ejecución de las resoluciones. Hasta la fecha aseguran que siguen a la espera de una respuesta efectiva por parte del actual gobierno.
Los afectados reclaman que, a pesar de las resoluciones de instancias laborales, las puertas para el diálogo se mantienen cerradas. “Ni una cosa ni otra, ni nos indemnizan, ni tampoco nos reinstalan, entonces pues ya estamos viendo a ver qué proceder o qué hacemos, porque en realidad pues ya son 11 años los que estamos en la lucha”, comentó un integrante del colectivo que pidió omitir su nombre por temor a represalias y nuevas trabas en su proceso de reinstalación.
Desde que inició la gestión del actual gobernador, los despedidos han solicitado reiteradamente ser recibidos por el mandatario estatal, entregando documentos en Casa Aguayo. Sin embargo, relatan que han sido turnados de inmediato al propio Icatep, sin que se logre el encuentro.
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Ahí, la respuesta institucional ha sido que sigan su proceso jurídico, aunque destacan que incluso con laudos favorables, el instituto ha empleado maniobras legales para demorar la resolución.
Expusieron que vez que se fija una fecha para la reincorporación laboral, representantes del Icatep presentan escritos de último minuto que posponen indefinidamente el cumplimiento del laudo.
El principal argumento del colectivo es que la ley y los jueces laborales ya determinaron lo conducente, pero que la autoridad responde con tácticas administrativas para frenar su regreso. Han debido presentar amparos y recursos legales cada vez que estas acciones detienen el proceso.
El último intento de reinstalación ocurrió el 11 de septiembre de este año, cuando nuevamente les fue negado el acceso a sus puestos bajo argumentos formales presentados el mismo día del acto programado. Resienten que esta dinámica ha generado desgaste económico, social y emocional, sobre todo porque la mayoría acumula entre 15 y 30 años de antigüedad laboral en el servicio público.
Tras años de lucha han rechazado acuerdos propuestos por la autoridad que consideran insuficientes, al no reconocer salarios caídos, ni antigüedad ni los montos legales de liquidación. “Lo único que nosotros estamos buscando es reinstalarnos o que se nos liquide conforme a la ley”, resumen.
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El caso, afirman, representa una señal preocupante respecto al cumplimiento de laudos en el gobierno de Puebla. Cuestionan que, si después de resoluciones judiciales firmes, una institución estatal puede alargar el proceso indefinidamente, se perjudica la confianza en el sistema de justicia.
