Si el gobierno de México concluye que a los 10 despedidos de Volkswagen no les negaron los derechos a la libertad sindical y negociación colectiva, los trabajadores regresarán a solicitar la ayuda del gobierno de Estados Unidos, con la posibilidad de que también intervenga el de Canadá, declaró Enrique Tepox, uno de los afectados, a La Jornada de Oriente.
En entrevista telefónica confirmó que los removidos y testigos fueron entrevistados ayer en la ciudad de Puebla por representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como parte de la investigación que abrió la dependencia federal, por petición del gobierno estadounidense, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Inmediata al que recurrieron al no encontrar respuesta satisfactoria a su caso en órganos internos de la armadora ni en el ámbito gubernamental.
“Si no es favorable, que creo que sí va a ser, vamos a hablar de dos puertas, la primera es, si se da la reinstalación, todo lo que conlleva; y si no se da, la pelota se regresa a Estados Unidos y ahí van a tener una corte internacional donde va a participar el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos y el de México, y ahí nuevamente van a analizar todo eso porque un tratado tiene su vigencia, tiene su respeto y es como un marco de ley para esos países”.
El despedido subrayó que es importante mandar un mensaje positivo para las tres naciones y así lo manifestó a los representantes de la STPS.
Enrique Tepox, quien además fue candidato a secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), recordó que están peleando por ser restituidos en sus puestos de trabajo, por el pago de salarios caídos y demás prestaciones.
Abundó que también tendrían que ser indemnizados por los daños colaterales causados por su remoción.
Comentó que en su caso, en los tres meses posteriores a su baja tuvo que pagar las cuotas de seguridad social, debido a que su esposa está enferma y no se puede quedar sin el servicio. Posteriormente solicitó una medida cautelar, que la jueza encargada de su caso la concedió, para que la empresa siga haciendo las aportaciones.
En declaraciones previas, los agraviados han indicado que su baja obedeció a un presunto contubernio entre el organismo gremial y la empresa, tanto en el periodo de José Juan Hernández como en el de Hugo Tlalpan.
El lunes pasado, Rosario Ortiz, integrante de la presidencia colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas y representante legal de los despedidos, enfatizó que en la empresa hay una regla no escrita, sin sustento legal, que marca que al término de cada gestión sindical, los representantes se deben ir de la armadora.
Sentenció que esta práctica debe terminar y que, de ganar el caso, se sentará un precedente para que tanto empresa como sindicato dejen atrás esos vicios.