Ayer se instaló formalmente el Consejo Local del INE para el inicio del proceso electoral concurrente 2023–2024, cuando por la vía de los hechos el proceso electoral ha comenzado hace más de un año, lo cual marca un claro desfase entre la posibilidad de intervenir legal y formalmente en la vigilancia de un proceso ya iniciado y que ha mostrado un gran despliegue de recursos que deberían ser explicados.
La sesión de arranque del Consejo estuvo inmersa en una serie de cuestionamientos y acusaciones de negligencia y complicidad hacia las autoridades comiciales, por no haber contenido la promoción anticipada de los distintos políticos que buscan competir por la gubernatura del estado y la presidencia del país.
Por otra parte, se argumentó que el IEE se ha visto “contenido” para actuar contra la propaganda denunciada como actos anticipados de precampaña, porque la norma electoral contempla actuaciones hasta el inicio del proceso electoral local, es decir, a partir del 3 de noviembre próximo, y si bien se explicó que el Consejo General del IEE, en la sesión del 27 de octubre aprobó un lineamiento que dotará a los partidos de reglas para que ningún proceso interno derive en acciones de promoción anticipada que generen condiciones de inequidad en la disputa de los cargos de elección popular.
En Puebla, la promoción de aspirantes previo al arranque del proceso electoral se ha reflejado en la interposición de 88 denuncias por actos anticipados de precampaña en lo que va de este año, sin que el Consejo haya actuado, denotando la ineficacia y lentitud del sistema electoral vigente. Por lo anterior, urge una reforma electoral con la finalidad de modificar dicho sistema acorde a una nueva realidad electoral en la que estamos inmersos, que frene y transparente el dispendio de recursos, que hoy tienen a una gran parte de la ciudadanía indignada y hasta el hartazgo.