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Aunque un total de 20 diputados electos –locales y federales– habían confirmado su asistencia, solo dos asistieron a la presentación de la agenda legislativa del líquido propuesta por la Asamblea Social del Agua (ASA), la colectiva por el Bienestar Social y Puebla Consulta Ciudadana.
Ante el desdén mostrado por los legisladores respecto al foro donde se expuso la grave crisis hídrica que afecta al estado, Lluvia García Vilchis, integrante de la Colectiva por el Bienestar Social, afirmó que se trató de una “falta de respeto” a las organizaciones sociales convocantes y exigió que los diputados cumplan con su trabajo de escuchar a los ciudadanos que los eligieron.
Los dos asistentes fueron Francisco Vargas Nava, diputado de representación proporcional por el PAN y Saúl Ordaz Merino –en representación del legislador por el PT, José Luis Figueroa– pero estuvieron ausentes legisladores de Morena, grupo legislativo que tendrá la mayoría en el Poder Legislativo local, lo que le daría la posibilidad de hacer las reformas en la materia.
En su intervención, Lluvia García afirmó que Puebla vive una grave crisis hídrica que se expresa en sobreexplotación, desperdicio, fugas significativas en la red de distribución, mala planeación que responde a intereses económicos y la mercantilización de agua, lo que evidencia el fracaso de la privatización del sistema operador que se impuso desde 2014.
Agregó que la privatización del agua también trajo consigo un incremento de la deuda pública y una violación sistemática del derecho humano al agua.
“Frente a esta grave situación hídrica y socioambiental es fundamental que el estado en sus diferentes niveles de gobierno recupere la rectoría del agua impulsando una gestión transformativa del líquido”, subrayó.
Agregó que el Río Atoyac es un infierno ambiental que provoca enfermedades renales y leucemia en niños de cuatro y seis años, que respiran los vapores emanados del agua contaminada.
Destacó que urge una legislación y políticas públicas para contener la crisis, las cuales se deben plantear tanto por las autoridades electas como por los legisladores que asumirán funciones.
Por su parte, María Eugenia Ochoa, integrante de la ASA, demandó la desprivatización del agua en Puebla, ya que la concesión ha traído problemas de desabasto y mala calidad del agua, entre otras problemáticas.
Exigió la actualización de la ley federal y local en la materia, con base en el concepto de que el agua es un derecho humano, un bien común y no una mercancía como actualmente se considera.
Indicó que hacen falta ordenamientos ecológicos locales en las zonas donde hay mayor riesgo hídrico y detener el cambio de uso de suelo que se hace de manera discrecional en áreas de conservación ambiental.
Exigió la discusión y aprobación de la Ley de Participación Ciudadana, ya que ante la ausencia de esta, los colectivos juntan más de 30 mil firmas para promover la desprivatización del servicio.
“Exigimos reconocimiento a los comités ciudadanos del agua, debido a que no tienen apoyo financiero, ni técnico, recibiendo subsidios a partir de programas y promoviendo la participación de las mujeres”, destacó.
Propuso además la creación de la Secretaría del Agua como eje rector del estado en el tema hídrico y reconocimiento de las contralorías ciudadanas del agua, donde se promueva la participación de las comunidades.
Pablo Loreto, ingeniero ambiental, subrayó que los acuerdos modificatorios al contrato con Concesiones Integrales deben ser facultad del Congreso del Estado y no de la empresa y el gobierno, por lo que instó a los legisladores a revisar el documento con lupa.
Sostuvo que no se deben entregar tantas concesiones a una empresa incumplida, que ha quedado a deber en el saneamiento de las aguas residuales, concepto por el cual se debe proceder en contra de la firma por la vía penal ya que incurre en un delito ambiental.
Indicó que aunque se diga que se le tiene que pagar más de 8 mil millones de pesos a la empresa por echar abajo la concesión, se tiene que tomar en cuenta lo no se ha cumplido en el título de concesión.
Finalmente, indicó que los legisladores deben intervenir para exigirle a la empresa agua de buena calidad y que esté disponible las 24 horas.
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En tanto, Argelia Arriaga García sostuvo que mientras en Europa hay un proceso de remunicipalización de los servicios de agua potable, en Puebla se siguió una tendencia opuesta con la concesión que ha causado severos problemas de abasto.
La también exalcalde de la ciudad de Puebla indicó que las organizaciones se pronuncian por fortalecer la seguridad hídrica, así como por transparentar y revisar las concesiones de agua, cancelando la que tienen finalidades de lucrar con el líquido en manos de unas cuantas familias o empresas.
“Se deben recuperar las cuencas, los acuíferos con especial énfasis en la de Libres y Oriental, donde Granjas Carroll ocupa mucha agua y la contamina. Debe existir una Secretaría del Agua que acompañe a los pueblos contra los proyectos de muerte como el fracking y las hidroeléctricas”, manifestó.