En el histórico recinto de la Basílica de Ocotlán, 186 representantes de comunidades, colectivos y organizaciones de base provenientes de 18 entidades del país se reunieron los días 25 y 26 de enero para el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, para demandar que el “Congreso federal modifique la Ley General de Equilibrio Ecológico para establecer la figura de entidad federativa envenenada”.
En particular, los asistentes al acto pidieron que “el estado de Yucatán sea declarado como entidad envenenada, por la acción impune de las industrias pecuarias, cerveceras, industriales, agro exportadoras y turísticas. Demandamos el cierre de las granjas porcícolas y avícolas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes, en Yucatán, donde sobreviven pueblos originarios en 53 municipios”.
“Exigimos el cese a la persecución política, la criminalización y las agresiones a las personas defensoras de los territorios, la salud y los derechos humanos. Demandamos justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinados o desaparecidos, así como a quienes están llevando procesos criminales en su contra”, aseveraron.
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Demandas desde la Cuenca del Atoyac
Los representantes de la Cuenca del Alto Atoyac, particularmente afectadas, plantearon propuestas concretas: la participación de las comunidades, colectivos, organizaciones afectadas, científicas y científicos quienes históricamente han documentado la situación y presentado propuestas para su atención integral.
Solicitaron retomar la información generada durante el sexenio pasado a través de los Proyectos de investigación e incidencia (Pronaiis) del entonces Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Insistieron en que el saneamiento se realice con perspectiva de cuenca, “es decir, en todos los 52 municipios de Tlaxcala, 3 del estado de México y 23 de Puebla, y no sólo en la parte de Tlaxcala”.
En esa lógica, pidieron que en el plan se incluya el control de los agentes tóxicos y cancerígenos no sólo presentes en el agua sino también en el suelo y aire, y se prevengan y atiendan las enfermedades de las personas y comunidades afectadas, desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica de los procesos de salud-enfermedad en materia ambiental y ocupacional.
Contra “subordinación económica”
Campesinos, ambientalistas y académicos, denunciaron el deterioro acelerado del medio ambiente y la salud pública derivado de la negligencia gubernamental, la permisividad hacia la industria extractiva y la subordinación económica a los intereses extranjeros. Laura Méndez, de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, sintetizó la gravedad del contexto: “Nos han despojado incluso del derecho a morir con dignidad”.
La Red subrayó cómo las políticas neoliberales de las últimas décadas fomentaron un envenenamiento sistemático mediante la desregulación ambiental, la importación de insumos tóxicos y la proliferación de industrias contaminantes. Ejemplos como la crisis en el Río Sonora, los monocultivos en Yucatán o los desechos radiactivos en el Estado de México se mencionaron como paradigmas de la devastación socioambiental.
En el encuentro, se enfatizó la necesidad de detener proyectos como los Ecoparques Tlalli Malinche, la instalación de empresas petroquímicas en Sinaloa y la expansión de rellenos sanitarios contaminantes, como ocurre en Puebla. Asimismo, se exigió la derogación de leyes como la de Aguas Nacionales y la Minera para garantizar el acceso equitativo a los recursos naturales.
También requirieron poner un alto definitivo a la mercantilización y comercialización de los bienes naturales y culturales, especialmente de la montaña Malintzi o Matlalcuéyetl. “Exigimos que se cancele el proyecto turístico-destructivo llamado Ecoparque Tlalli Malinche, Puebla”, manifestaron.
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Pidieron detener el ingreso de material radiactivo al municipio de Temascalapa, Estado de México, la prohibición de la entrada a México, comercialización y uso de insecticidas dañinos que matan a las abejas, detener la instalación de empresas petroquímicas en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa.
Asimismo, demandaron frenar el uso de tecnologías que afectan el ciclo socio-natural del agua, dañando a las comunidades en su producción campesina y en su entorno, la cancelación de todos los proyectos de transferencia de agua en bloque entre cuencas, porque destruyen los territorios y alteran los flujos superficiales y subterráneos del líquido, permitiendo la mayor concentración de contaminantes.
A nivel nacional, propusieron “la defensa de la soberanía nacional frente a cualesquiera actos de injerencia sobre políticas internas de México en materia ambiental, laboral y sanitaria, así como ante actos de agresión en contra de su población, ya sea en nuestro propio territorio o en el extranjero”.
Demandaron el “reconocimiento de la profunda situación de injusticia socio ambiental que ya prevalece en la mayor parte del país mediante acciones concretas que hagan efectivos los escasos instrumentos de defensa de derechos con los que cuenta el pueblo de México, amén de la revisión crítica de los marcos regulatorios en materia de agroquímica, salud laboral, asbesto, contaminación de aguas, aires y suelos, acceso popular y gestión de recursos vitales, bioseguridad, así como en cuanto a la regulación de riesgos y la responsabilidad por daños ambientales y sanitarios, además de los procedimientos de creación de normas técnicas relativas”.
“Demandamos poder intervenir en la revisión del Plan México y otros programas de promoción del nearshoring en México, respeto al laboratorio nacional de toxicología y fortalecimiento de las capacidades técnicas, científicas y analíticas del país, así como su puesta inmediata al servicio de las necesidades comunitarias.
Pidieron el reconocimiento de contralorías ciudadanas de agua, aire y suelos, así como ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y de los procesos de democratización de las instituciones públicas, además del f reno a las importaciones de residuos tóxicos al país y regulación de los que circulan en México, así como adopción inmediata de un plan nacional de basura cero.
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“Demandamos la aplicación de un verdadero instrumento de consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente para participación de las comunidades en las decisiones de planes, programas y proyectos de gobierno”, así como la “evisión de la formación profesional en múltiples ámbitos estratégicos para la defensa de derechos y la reconstrucción de nuestros entornos vitales”.
Exigieron la “derogación de la Ley de Aguas Nacionales neoliberal salinista y promulgación de una única Ley General de Aguas, que garantice el más alto grado de cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Demandamos al Congreso federal la revisión de la Ley Minera, la Ley energética y la recuperación del sentido social del artículo 27 constitucional.
Al cierre del evento, los participantes reafirmaron su compromiso con la resistencia organizada y advirtieron que la criminalización de las protestas no los hará desistir. “El problema de la contaminación no es local, es estructural, y requiere una acción colectiva y contundente”, expresaron, e hicieron un llamado urgente al gobierno federal para tomar medidas inmediatas y revertir los daños históricos.
