A tres meses de distancia del cierre de las casetas de venta que se encuentran afuera del penal de San Miguel, no hay certeza de lo qué ocurrirá con esos espacios de venta, los cuales permanecen cerrados pero sus ocupantes han optado por vender desde sus vehículos y en la vía pública.
La situación lastimó los ingresos de familias con condiciones vulnerables como adultos mayores, madres solteras o personas enfermas, las cuales tienen la esperanza de que las autoridades los dejen ocupar nuevamente los espacios en cuestión.
Al estar cerradas las casetas, los comerciantes han tenido que acudir con sus vehículos e instalarse afuera del penal con todos sus artículos, tales como comales, tinas con hielo, mesas y estantes, frente al penal, aunque esto ha significado para ellos pasar frío, exponerse a extorsiones de personal del ayuntamiento e incluso no tener un lugar adecuado para ir al baño.
Los espacios fueron cerrados durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) también participó, el pasado 25 de octubre, bajo el argumento de que en estos se comercializaban artículos ilegales así como droga.
A más de 90 días de distancia, no existe alguna respuesta clara por parte de la FGE sobre cuál será el futuro de las casetas, pues al ser interrogado sobre el tema durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves, el fiscal Gilberto Higuera Bernal no ofreció una respuesta clara y se limitó a recordar que se realizó un cateo en el que se encontró droga, y que añadió que, si faltaron acciones por realizar, estas se llevarán a cabo próximamente.
“EFECTIVAMENTE, SE HICIERON CATEOS, se aseguraron drogas, y seguramente como fue información que también tenía que ver con personas internas en el reclusorio, seguramente procedimos contra algunos y si nos faltaron algunas acciones por decidir también lo estaremos haciendo”, respondió.
Mientras tanto, decenas de familias no saben qué ocurrirá con esos espacios de venta mediante los que obtenían un ingreso, entre los que se encuentran dos adultos mayores cuyos nombres prefirieron no revelar; sin embargo, explicaron que se dedicaban a la renta de prendas de vestir con un costo de 10 pesos cada una.
Recordaron que existen especificaciones en cuanto a vestimenta para visitar algún interno, por lo que si los familiares no contaban con las prendas adecuadas, ellos se las rentaban; sin embargo, se quedaron sin esa fuente de ingreso.
Otro caso es el de dos mujeres que son madres solteras y las cuales no cuentan con un empleo formal pues tienen más de 45 años, por lo que desde hace más de un lustro se dedican a la venta de tortas, quesadillas y refrescos en ese lugar, actividad que ahora tienen que realizar en la vía pública.
Uno de los comerciantes que también prefirió que su nombre no fuera divulgado, explicó que muchos de sus compañeros tienen confianza en que las autoridades van a permitir que los espacios vuelvan a abrirse por lo que permanecen en el exterior del penal.
Narró que cuando inició el conflicto, fueron cerradas ocho de 20 casetas que hay en el lugar, cuyos propietarios son representados por Alberto Martínez, quien ha tratado de buscar asesoría jurídica pero, la falta de organización y de recursos, ha impedido que cuenten con la ayuda de un abogado para solucionar el caso.
Otros comerciantes confiaron a La Jornada de Oriente que cuentan con la promesa de algunos líderes de ese lugar de que sus espacios se van a abrir, por lo que prefieren no generar aspavientos hasta que eso ocurra, mientras tanto, no hay alguna acusación formal en contra de los propietarios de las casetas y tampoco certeza de su futuro.