Santiago. Más de un centenar de ataques se registraron en dos regiones del sur de Chile tras el asesinato de mapuche Camilo Catrillanca en un operativo policial, según un reporte divulgado este martes del gobierno chileno.
El asesinato de mapuche fue día el martes en la conflictiva región chilena de La Araucanía, a menos de una semana de que otro indígena fuera baleado en la cabeza en un operativo policial cuyas imágenes fueron destruidas por un agente.
Una supuesta riña entre dos mapuches terminó con el fallecimiento de uno de ellos por heridas causadas con un machete.
En las regiones de La Araucanía y Biobío, donde se concentran la mayoría de las comunidades indígenas mapuches “se han producido 101 hechos de violencia” desde el asesinato de mapuche por un disparo en la nuca el miércoles pasado durante un operativo policial, informó en rueda de prensa el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla.
Pero la violencia en estas dos regiones -donde se asientan la mayoría de las comunidades mapuches- se arrastra desde hace años. Desde 2011, tanto en la región de La Araucanía como en la del Biobío, se contabizan 20 muertos y 2 mil 895 “actos de violencia” -920 de ellos ataques incendiarios-, de acuerdo al reporte oficial.
Lo que sucede en estas regiones “no puede homologarse a otras zonas del país. Estamos frente a una situación especial que se arrastra por décadas”, afirmó Ubilla.
Las autoridades plantean la existencia en la zona de grupos de carácter terrorista, algo que la justicia sin embargo no ha logrado confirmar, aunque grupos radicales mapuches han reivindicado “ataques de resistencia” en el marco de sus reclamos de devolución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales.
La actuación de la policía chilena en la zona es blanco de duras críticas, en especial tras la muerte de Catrillanca durante un operativo de fuerzas especiales desplegadas en la zona, cuyos responsables admitieron haber destruido la grabación oficial del incidente.
Por este hecho, dos altos oficiales y cuatro efectivos involucrados en el operativo fueron destituidos por el gobierno, que el lunes anunció demandas judiciales en contra de quienes resulten responsabilizados por la muerte del joven mapuche.
Ubilla informó que el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para la modernización de la Policía chilena que impondrá mayores controles sobre esta institución, afectada por la corrupción de altos oficiales y por acusaciones anteriores de montajes de pruebas para detener a mapuches.
Con información de La Jornada