Desde enero de 2021 hasta mediados de septiembre de 2025, en el estado de Puebla se han registrado 240 probables feminicidios que aún no han alcanzado la etapa de juicio y continúan sin sentencia condenatoria, es decir, permanecen en la impunidad.
Así lo dio a conocer Yali Figueiras, asesora de Derechos Humanos y Género en la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) e integrante del colectivo Por las Mujeres de Puebla, durante la colocación de una ofrenda frente a Casa Aguayo en memoria de 80 víctimas de feminicidio, entre ellas la activista Cecilia Monzón.
En torno a este último caso, ejemplificó que, pese a que la etapa de juicio oral contra el presunto autor intelectual Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura por el PRI, y los autores materiales Silvestre N. y Jair N. comenzó tres años después del crimen, el Poder Judicial ha permitido medidas dilatorias promovidas por las defensas, lo que ha derivado en un proceso que ya rebasa los siete meses de desahogo.
Por otra parte, Figueiras exigió al gobierno estatal incrementar los recursos asignados tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) como al Poder Judicial de Puebla, para que cuenten con la capacidad operativa necesaria no solo para atender los delitos en curso, sino también los casos rezagados, como los que revisa la Unidad de Análisis de Contexto de Feminicidio.
Dicha unidad ministerial fue creada tras la emisión de la Alerta de Violencia de Género, el 8 de abril de 2019, con el propósito de revisar los casos de asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos 20 años, es decir, desde 1999, a fin de reestudiarlos y reclasificarlos bajo la causa penal de feminicidio, y así garantizar justicia.
Por su parte, Gabriela Rosas, fundadora del Colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, recordó que cada víctima de feminicidio también es víctima del Estado, pues cada vez que la Fiscalía, por omisión o ineficiencia, no actúa ante denuncias de violencia de género, permite que las agresiones escalen hasta el asesinato.
“Esto es una responsabilidad del Estado, particularmente de la Fiscalía, porque cada mujer que regresa a su casa sin que le reciban su denuncia por violencia en razón de género es una posible víctima de feminicidio. Las mujeres asesinadas no empezaron a sufrir el día de su muerte; hubo muchas señales antes”, declaró.
Finalmente, recordó que el Estado sigue en deuda con las víctimas, ya que en México solo 5 por ciento de los casos de feminicidio logran una sentencia condenatoria. Subrayó que no solo estos expedientes están pendientes, sino también los de todas las mujeres víctimas de violencia que siguen esperando una respuesta.
En este sentido, advirtió que la mayoría de las denuncias por violencia de género tardan más de seis meses en programar peritajes desde su presentación ante la FGE, lo que prolonga los tiempos de atención y aumenta el riesgo de que las víctimas sufran un atentado que derive en feminicidio.
“Hay que dar justicia a las que siguen vivas, que esperan una respuesta sin que les vuelvan a decir que su delito no se configura, sin que les digan que deben recabar sus propias pruebas o que sus peritajes están programados en seis meses. En ese periodo, muchas pueden ya no estar con vida”, concluyó.
