En una más de sus desafortunadas propuestas “si llega a ser presidenta”, la señora Xóchitl Gálvez dio a conocer uno de sus propósitos fundamentales respecto del sector de energético del país. Su propuesta es, simple y llanamente devolver PEMEX y la CFE al capital privado nacional y extranjero. Pero no fue todo, la candidata opositora repitió el viejo discurso colonial y neoliberal: “Las empresas estatales son pésimas para administrar el dinero…Cuando no hay dinero, que invierta el sector privado…Pemex no tiene dinero para explorar, ni cuenta con la tecnología que sí tienen las petroleras internacionales.” Estas excusas han sido utilizadas por los gobiernos neoliberales para privatizar la economía y entregarla al capital extranjero. ¿Propone la señora Gálvez una presidencia al servicio de Iberdrola y demás empresas extranjeras? Al parecer, sí.
La propuesta, por supuesto, es sólo la punta de iceberg de un proyecto neoliberal general que se irá explicitando a lo largo de la campaña. ¿Qué otra cosa puede ofrecer Miguel Ángel Gurría, sino volver al pasado? Pero ¿por qué México no puede volver a ese pasado de tinieblas que ofrece la oposición? Veamos.
El origen de la formación social contemporánea mexicana es un hecho de violenta transformación revolucionaria, que a partir de 1940 inicia su institucionalización paulatina hasta convertirse en un proceso regresivo, lo cual permite comprender los límites y la concepción del desarrollo como crecimiento sin distribución. Esto determina, sin dudas, la imposibilidad de retornar al crecimiento económico con desigualdad y pobreza, es decir, sin bienestar social.
Dado el modo dependiente de inserción de la economía mexicana en la economía mundial, la expansión del capitalismo fue la determinante en última instancia el estilo del desarrollo en México, cuya burguesía fue incapaz de superar su sitio como proveedor internacional de materias primas y alimentos, patrón de acumulación sustentado tanto en la precariedad laboral y salarial, como en la pobreza generalizada y la creciente desigualdad social, regional y productiva.
Hacia los inicios de la década de 1980, en la parte final del gobierno de López Portillo (1976–1982), los problemas sociales y económicos provocados por la inestabilidad de los precios internacionales del petróleo, el excesivo endeudamiento externo debido a un creciente déficit fiscal, se agudizaron y apresuraron la conclusión de la era estatista cuyo fin fue dramático al estallar en 1982 la crisis general del capitalismo, situación que dio lugar a severas y mal intencionadas críticas a la regulación del proceso económico por parte del Estado.
La crisis le dio al gobierno de Miguel de La Madrid (1982–1988), el pretexto para llevar a cabo las primeras reformas estructurales de orientación al mercado, paralelamente la clase dominante y los medios a su servicio, hicieron ver al neoliberalismo como la única opción posible.
Con esto, concluye la política deliberada de desarrollo y se impone el libre mercado donde al Estado se le mantiene alejado del proceso económico, asumiendo como tarea fundamental la necesidad de la integración subordinada con Estados Unidos.
El gobierno de Carlos Salinas (1988–1994) consolidó el proceso de reformas estructurales de orientación al mercado firmando el TLCAN, que todo lo volvió mercancía. El discurso conservador centró su explicación en la inviabilidad fiscal del Estado para sostener políticas de bienestar. Las propuestas económicas se fueron concretando en una especie de receta formulada por el Consenso de Washington, cuya propuesta neoliberal encaminada a superar el estatismo y alcanzar los equilibrios macroeconómicos, tenía las siguientes características: un mercado sin regulación; bajos índices inflacionarios; privatización de los activos públicos; disciplina y equilibrio fiscal; reducción del gasto social; un sistema fiscal diseñado para favorecer el ahorro de la población con mayores ingresos y el de las empresas; elevadas tasas de interés para atraer capitales externos; apertura comercial y financiera sin restricciones; trato de nacional a la inversión extranjera; prioridad irrestricta a la propiedad privada sobre la propiedad pública y comunal; precariedad laboral y salarial. La “receta” fue seguida fielmente por el gobierno de Ernesto Zedillo y por los dos gobiernos panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón), hasta que Enrique Peña Nieto impuso, con la complicidad del PRIAN y el PRD, 11 reformas, dos de ellas esenciales: la reforma educativa y la energética, que terminaron por determinar el perfil neoliberal de México.
Al largo de todo ese lapso, en la sociedad mexicana se gestaba la resistencia al neoliberalismo; entre los sectores democráticos, luego del fraude electoral de 1988, se intensificaba la búsqueda de alternativas ante la probada y manifiesta incapacidad del neoliberalismo para resolver los ancestrales problemas de la sociedad mexicana.
La impotencia estratégica de la modalidad neoliberal del capitalismo, que ni siquiera logró cumplir sus propuestas como el crecimiento, el control de los monopolios, el fortalecimiento de la libre competencia y la ocupación plena de los factores de la producción; esto combinado con los resultados de la economía neoliberal, que hacen imposible volver a él, son entre otros: largos periodos de bajas tasas de crecimiento acompañados de crisis económicas cada vez más frecuentes, prolongadas y profundas; se debilitó al Estado y a sus instituciones creando organismos autónomos que suplen la racionalidad pública; la libre competencia sigue siendo un mero discurso dado el reforzamiento del dominio de los monopolios que controlan, cada vez con mayor fuerza, las ramas más productivas y lucrativas de la economía obteniendo grandes ganancias en medio de una profunda crisis; la política de contención salarial profundizó las brechas de la desigualdad, así como una creciente ampliación de la pobreza social y regional.
¿Volver a ese pasado? ¡Imposible!