El diputado federal de Morena Alejandro Carvajal Hidalgo solicitó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) dar marcha atrás a la desaparición de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje de Puebla, porque afectará la defensa de miles de trabajadores.
El legislador explicó que la medida exige el traslado de 10 mil expedientes a las juntas de Oaxaca y Tlaxcala, la mayoría de personas de la tercera edad que solicitan la devolución del ahorro para el retiro o pensiones por invalidez o riesgo de trabajo.
“De 10 mil expedientes, más de 3 mil han sido reasignados a la junta en Oaxaca (…) y la población vulnerable, en su mayoría, no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los costos de traslado, alimentación y hospedaje necesarios para dar seguimiento a sus asuntos en una entidad diferente”, expuso en conferencia de medios.
Desaparición violenta el derecho de acceso a la justicia, alerta
Carvajal informó que presentó un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados para solicitar a la STPS una mesa de diálogo que permita a los afectados exponer las razones de su oposición, entre las que destaca un aumento en la dilación de los juicios, por saturar las juntas federales de otras entidades federativas con asuntos de Puebla.
“El traslado de expedientes aumenta las cargas de trabajo de las juntas destino, lo que inevitablemente lleva a retrasos en la resolución de los casos, pues no solo prolongan la incertidumbre para las partes involucradas, sino que también pueden afectar su estabilidad económica”, sostuvo.
Además, señaló que el tiempo requerido para asistir a audiencias pueden disuadir a los individuos de seguir con sus casos, lo cual es una violación directa de su derecho fundamental de acceso a la justicia.
Agregó que la distancia puede impedir una comunicación efectiva con sus representantes legales y con la junta encargada de su caso, lo que puede afectar negativamente el desarrollo del proceso judicial.
En esa lógica, insistió que la desaparición de la junta federal de Puebla contradice los objetivos de la reforma laboral de 2019, porque en lugar de mejorar el acceso y la eficiencia de la justicia laboral, complicará el acceso a la justicia.
