Ayer el Congreso estatal consumó la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Itaipue), armonizando con esta decisión la reforma realizada a la Constitución federal, publicada el 20 de diciembre de 2024, la cual establecía la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y los órganos locales.
Creado en 2002, se definía como un “organismo público autónomo, independiente, especializado, imparcial, colegiado y de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio; responsable de promover, difundir y garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en la entidad”. Aunque el sesgo político de su funcionamiento, comenzaba por la designación de los propios Consejeros, junto a los mecanismos que utilizaban los gobiernos e instituciones reservando la información definida por ellos como sensibles, evitando con ello la transparencia y el acceso a la información.
Con su extinción las funciones deberán ser absorbidas por los órganos internos de control o instancias equivalentes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como por instancias autónomas y por el Instituto Electoral del Estado (IEE). Será la Secretaría de la Función Pública (SFP) la encargada de garantizar el acceso a la información pública, según el dictamen aprobado.
La desaparición de estos órganos autónomos ha generado, desde que se hizo la propuesta a nivel federal, distintos posicionamientos, que ayer se externaron por algunos diputados locales de oposición que votaron en contra con el argumento de que se busca que el gobierno actual opere con total opacidad y discrecionalidad, borrando el derecho de los ciudadanos a saber cómo se usan los recursos, considerando un retroceso su desaparición y marginando a los ciudadanos de los asuntos públicos.
Mientras que desde los gobiernos federal y estatales se ha sostenido que la desaparición de estos organismos no significa que se acabe la transparencia y para ello en el orden federal la Secretaría de la Función Pública (SFP) se transformó en una Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Sin duda el derecho a la información y la transparencia en el uso de los recursos públicos es un derecho ciudadano que deberá preservarse y estarán a prueba las reformas aprobadas y los mecanismos para acceder a la información requerida.
