De inmediato los inquilinos de la mujer se inconformaron debido a que sacaron sus pertenencias y acusaron a los enviados de actuar en forma prepotente.
En un primer momento, los diligenciarios se negaron a mostrar a la afectada la orden judicial, lo que sí sucedió cuando llegaron los representantes legales.
Los inquilinos narraron que previo al desalojo, personas desconocidas pegaron una cartulina en la puerta principal del predio que contenía un número oficial diferente al que realmente tiene la casa, con la intención de identificar a los enviados del juzgado dónde realizar el desalojo.
Los afectados afirmaron que esta es una de las primeras anomalías de la diligencia, la cual harán valer en su momento ante el juzgado correspondiente.
El litigante, López Brun, narró que desde hace años hubo un interés de Martínez Centeno y de su familia de comprar el condominio en cuestión pero la dueña y su marido les dijeron que venderían si los dejaban vivir ahí hasta sus últimos días, pese a lo cual comenzaron las presiones para apropiarse del edificio hasta llegar a la supuesta falsificación de la firma del ex cónyuge fallecido de la afectada.
“Le propusieron al marido de la señora comprar la propiedad. Él supuestamente afirmó que se los iba a vender con el compromiso de dejarlos vivir ahí hasta que murieran. No conforme con eso, los presuntos defraudadores fueron a una notaría de la Sierra Norte para falsificar la firma del señor finado y ponerla en una promesa de compra venta”.
Sostuvo que en una ocasión ya habían querido sacar a la mujer de su domicilio y la hicieron firmar un contrato para rentarles la casa pero el documento solo sirvió para promover un juicio en su contra, con el cual lograron la orden de desalojo.
Agregó que se promoverá una denuncia por fraude, debido a que la dueña cuenta con las escrituras que la amparan como legítima propietaria, aunque el proceso podría durar algún tiempo.
El también exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) sostuvo que se trata de una arbitrariedad, debido a que engañaron a una persona adulta mayor y quien no está en plenitud de sus facultades mentales.
Manifestó que además la presión en contra de la afectada se hizo sin permitirle la asesoría previa de un abogado.