El desabasto de gas LP en Puebla ha alcanzado el 70 %, de acuerdo con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), situación que ha vulnerado la operatividad y estabilidad laboral de 2 mil repartidores de empresas como Gas 1 y Global Gas. Así lo informó Leobardo Soto Martínez, secretario general de la CTM Puebla, durante conferencia de prensa ofrecida el viernes pasado, en la que expuso las cifras y urgió a la paraestatal a buscar soluciones inmediatas ante la paralización del sector.
La problemática se refleja no solo en jornadas reducidas, sino en la suspensión del reparto durante dos o tres días cada semana, lo que repercute directamente en los ingresos de los trabajadores y acentúa el malestar entre los compradores.
“Los clientes nos ofenden porque no llegamos, nos presionan. Ya hay actos de violencia, hasta ahorita ha sido verbal, digamos, por medio de las nuevas tecnologías, el celular, pero no queremos que llegue a otra situación más grande”, comentó Soto Martínez durante la conferencia ante medios locales.
El desabasto de gas LP en Puebla se debe, en mayor medida, a la decisión de Pemex de racionalizar las entregas del energético. Las empresas han tenido que recurrir a Tomza, la única empresa que tiene permiso de importar el gas, lo que ha complicado la logística y elevado los costos. Las empresas se ven en la necesidad de comprar a esa empresa, detalló Soto Martínez.
Este entorno adverso impacta en la economía de cientos de trabajadores de la industria gasera, quienes enfrentan la disminución de comisiones y prestaciones, y viven un clima de incertidumbre respecto a sus fuentes de empleo y derechos laborales. La CTM Puebla reporta el rescate de más de mil empleos mediante la negociación colectiva, pero la presión por reducir beneficios crece mientras persiste la crisis.
Además, la ciudadanía en Puebla lidia con largas filas y retrasos para abastecimiento. “Estamos prácticamente parados. La empresa dice: bueno, pues ya no puedo seguir pagando estas situaciones”, expresó el líder sindical, subrayando la gravedad de la situación para hogares, muebles y comercios dependientes de un suministro regular.
La industria gasera insiste en que las autoridades federales y estatales atiendan de manera urgente el conflicto, ya que extenderlo podría impactar otros sectores productivos. El panorama se complica con la concentración de la importación en manos de Tomza y el control de precios impuesto por el gobierno que, a decir de Leobardo Soto, han generado una competencia limitada y vulnerable entre los distribuidores locales.
Las prestaciones contractuales como el aguinaldo siguen vigentes para agremiados al Sindicato de la Industria del Gas Puebla, pero la estabilidad laboral está en riesgo. El llamado es a la comprensión social y al involucramiento oficial para evitar despidos y recortes que agraven la precarización y el descontento.
