Miércoles, junio 23, 2021

Denuncias penales y antecedentes de violencia de candidatos marcan arranque de campaña en Puebla

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Las dos coaliciones que encabezan el PAN y Morena, así como los tres institutos políticos locales con presencia en Puebla defendieron la postulación de una veintena de actores políticos que se preparan para iniciar campaña el 4 de mayo con denuncias penales en contra, amenazas de órdenes de aprehensión, supuestos vínculos con el crimen organizado o antecedentes claros de violencia contra la mujer.

Por ser oposición en el estado y a nivel nacional, el albiazul y sus aliados del PRI y el PRD han atribuido las acciones jurídicas que enfrentan 14 de sus abanderados a una supuesta persecución política de Regeneración Nacional como partido en el poder, sin embargo, la mayoría de éstas proviene de acusaciones previas al inicio del proceso comicial.

En tanto, Morena, el PVEM, Compromiso por Puebla (CPP), Pacto Social de Integración (PSI) y Nueva Alianza (NA) han hecho caso omiso a los malos antecedentes de siete aspirantes, de los cuales cuatro son impulsados por el primer partido.

Denuncias de peculado, fraude y acoso sexual

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La coalición Va Por Puebla (PAN-PRI-PRD) arropó como candidatos a 12 personajes con denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de peculado, fraude, acoso sexual, violación, falsificación de documentos, lesiones y ataques peligrosos.

Forma parte del listado la expresidente municipal de Coronango Hermelinda Macoto Chapuli, abanderada a diputada local por el distrito XI de Puebla capital que enfrenta una denuncia por supuesto fraude y cohecho que presento el actual alcalde de esa demarcación, Antonio Teutli Cuautle, en agosto pasado, tres meses antes del inicio del proceso electoral.

Acusaciones similares enfrentan los candidatos a edil de Teziutlán, Huaquechula y San Andrés Cholula, Edgar Antonio Vázquez Hernández, Edwin Mora Caballero y Edmundo Tlatehui Persino, respectivamente; así como el abanderado a diputado Juan Enrique Rivera Reyes, quien competirá por el distrito local de Zacatlán, con la diferencia de que en estos cuatro casos las denuncias provinieron de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en octubre de 2020.

La ASE les imputa mal manejo de recursos en la función que desempeñaron como alcaldes en gestiones anteriores, con excepción de Tlatehui, a quien lo incrimina por inconsistencia que detectó en su paso por la Dirección de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula.

Edmundo Tlatehui y Enrique Rivera han promovido diversos juicios de amparo para defenderse de posibles órdenes de aprehensión.

A ese grupo de denunciados se suman los abanderados a alcaldes de Santa Clara Ocoyucan y San Pedro Cholula, Jesús Giles Carmona y Paola Elizabeth Angón y Silva, respectivamente, quien fueron acusados por el gobierno de Puebla de obtener títulos académicos irregulares del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), durante las administraciones estatales del PAN.

Plurinominales no se escapan de acciones penales

También enfrenta una denuncia por falsificación de documentos Jorge Estefan Chidiac, quien encabeza la lista del PRI de candidatos a diputados plurinominales del Congreso de Puebla.

Las acciones legales contra el tricolor las emprendió Cecilia Monzón Pérez, quien lo acusó de permitir como dirigente estatal de ese partido la falsificación de su firma en 2018, para bajarla del segundo al sexto lugar en la planilla de regidores al ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Otro de los plurinominales del Revolucionario Institucional con asuntos pendientes con la justicia es Juan Carlos Lastiri Quirós, quinto lugar del listado que es vinculado al desvío de recursos públicos que se le imputa a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, presa desde el 13 de agosto de 2019, por esa causa.

De los candidatos a diputados de representación proporcional del PAN destacan Eduardo Alcántara Montiel y Patricia Valencia Ávila; el primero, por una denuncia por abuso sexual que presentó la aspirante albiazul Erika de la Vega a la FGE en marzo pasado; la segunda, por forma parte de una familia del municipio serrano de Venustiano Carranza que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha vinculado al huachicol, al narcotráfico, así como a asesinatos y secuestros.

A esos casos se suma el del abanderado a edil de Francisco Z. Mena, Gildardo Vargas García, acusado en 2019 de robar un camión de apoyos para campesinos, así como el del candidato a alcalde de Ajalpan, Sergio Sandoval Paniagua, denunciado por lesiones y ataques peligrosos, según reportes de medios de comunicación.

La lista de abanderados con denuncias penales de la coalición Va por Puebla se cierra con el expriista Edgar Salomón Escorza, quien busca la alcaldía de San Martín Texmelucan. En 2014, fue denunciado por el delito de violación, sin embargo, la parte quejosa abandonó el litigio en 2015 por lo que fue cerrado ese año, según documentación que proporcionó el equipo del aspirante.

La lista negra de Morena, el PVEM, PSI, CPP y NA

Una defensa similar a la de Salomón empleó el candidato de Morena a la alcaldía de San Pedro Cholula, Julio Lorenzini Rangel, quien declaró a un medio de comunicación local que las denuncias por violación y violencia familiar que promovieron en su contra en 2019 y 2020, respectivamente, se archivaron sin judicializarse.

En tanto, el candidato de Morena a la alcaldía de Tlatlaquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, fue inhabilitado por el Congreso de Puebla en 2010 para que no pueda ocupar un cargo público por un periodo de 11 años, mientras el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), hoy ASE, presentó una denuncia penal en su contra el 18 de febrero de 2011.

El OFS comprobó irregularidades en el manejo de casi 20 millones de pesos en 2006, durante su primera gestión como edil de ese municipio, pero la sanción no se ha impuesto debido a que Loeza emprendió una batalla jurídica contra el Poder Legislativo y, hasta la fecha, se desconoce si existe sentencia firme de tribunales y el sentido de la misma, o si el litigio continúa.

Otro candidato de Morena con malos antecedentes es Carlos Peredo Grau, quien busca la reelección como edil de Teziutlán con el respaldo de ese partido de izquierda. De acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), incurrió en “violencia institucional” contra la mujer en agosto de 2019, por llamar en un acto público “cobardes” y “sucias” a las madres solteras que no denuncian agresiones sexuales contra sus hijos.

También llama la atención la postulación a través de Morena de Pascual Morales Martínez, para su reelección como alcalde de Francisco Z. Mena, ya que tiene en su contra una sentencia firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se confirmó que incurrió en actos de violencia política en razón de genero contra una regidora de ese ayuntamiento, por lo que estaría vetado para participar en este proceso electoral.

El PVEM y el frente que integraron los partidos locales PSI-CPP también postularon a políticos con antecedentes de violencia contra las mujeres. Se trata del munícipe de Zautla Víctor Iglesias Parra y del exedil de Tecamachalco Inés Saturnino López Ponce, respectivamente, quienes ordenaron la suspensión del sueldo a regidoras, cuando no tienen facultades para hacerlo, y ahora buscan encabezar a esos municipios.

A su vez, Nueva Alianza impulsa para la alcaldía de Amozoc al expresidente municipal de esa demarcación José Cruz Sánchez Rojas, quien no sólo enfrenta una denuncia por violencia familiar, ciberacoso y amenazas, sino que también es acusado de abrir la puerta de Amozoc a las mafias del huachicol, de acuerdo con la columna “Cuitlatlán” del 18 de febrero pasado.

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