La secretaria de Planeación y Finanzas del estado de Puebla, Josefina Morales Guerrero, confirmó que ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del estado (FGE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) por las fallidas inversiones por 600 millones de pesos en Accendo Banco, realizadas en el periodo del fallecido gobernador Luís Miguel Barbosa Huerta.
“(Fueron interpuestas) con el propósito de contribuir con las autoridades para proporcionar toda la información relativa a estos hechos, así como fortalecer las investigaciones y conclusiones a que haya lugar”, dijo al comparecer ante diputados locales, como parte de la glosa del primer informe del gobierno del mandatario poblano, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
La funcionaria no dio detalles de cuántos exfuncionarios están implicados, solo comentó que se encuentra en proceso el trámite de liquidación ante el juzgado décimo primero de distrito en materia civil en la Ciudad de México.
No obstante, la lista de rebasa los 400; la secretaria no detalló en qué lugar se encuentra el estado de Puebla.
No obstante, la lista de acreedores que están esperando recuperar sus recursos rebasa los 400; la secretaria no indicó tampoco en qué lugar se encuentra el gobierno del estado de Puebla.
“En este procedimiento de liquidación se van a determinar los activos de los que dispone el banco para cubrir sus obligaciones y por otro lado se reconoce el derecho de cobro de los acreedores por grado y orden de prelación”, explicó a los legisladores.
Josefina Morales acotó que no está dentro de sus atribuciones ni de la secretaría a su cargo determinar la responsabilidad de su antecesora Teresa Castro Corro en la fallida inversión.
La semana pasada el secretario de la Función Pública de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, informó que fue necesario contratar un auditor externo y perito experto en el tema para que determine si hubo “focos” rojos en la inversión que realizado el gobierno barbosista.
Consideró que en ese momento forzosamente se tuvieron que haber visto los riesgos y haber retirado el dinero antes de que el banco quebrara.
Cabe recordar que en un principio se contempló que antes de que finalizara 2023 se terminaría la investigación, plazo que evidentemente no se cumplió y Carlos Moreno Valle evadió dar una nueva fecha de conclusión, pues arguyó que no se debe hacer “al vapor”.
De igual forma, el funcionario dijo que la recuperación de los 600 millones de pesos se encuentra “en la cancha” de la Secretaría de Planeación.
En otro tema, Josefina Morales comentó que para corregir la situación fiscal por revisiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por salarios y asimilados a salarios, el gobierno del estado de Puebla pagó el año pasado dos créditos fiscales por un total de 3 mil 271 millones de pesos, uno fue por 2 mil 609 millones de pesos y el otro por 662 millones de pesos.
Abundó que del primero se lograron recuperar mil 957 millones de pesos y 496 millones de pesos del segundo, cantidades que en conjunto representan 75 por ciento del total inicial.
También se reestructuró la deuda pública, específicamente en el pago de intereses, logrando con ello ahorrar 70 millones de pesos.
En otro tema, dio a conocer que el año pasado el gobierno estatal obtuvo 181 millones 548 mil pesos por el pago de 350 mil 454 fotomultas; la recaudación creció 14.8 por ciento.