Médicos que trabajan en la Sierra Nororiental denunciaron que funcionarios de la Secretaría del Bienestar cometen presuntas irregularidades en la gestión del programa “La Clínica es Nuestra”, pues la directora de la región 11 Zacatlán, Virginia Carmona Guevara, y el coordinador regional del esquema, Eduardo Torres, están retrasando intencionadamente las reglas de operación para favorecer a empresas ligadas a ellos.
En un expediente entregado a La Jornada de Oriente, los galenos afirman que Carmona Guevara y Torres la demora les permite manipular el proceso de selección de empresas proveedoras. La denuncia señala que estos funcionarios, aprovechando la falta de información oficial, están convocando a los comités de las clínicas para “recomendar” empresas con las que tienen vínculos familiares.
Según el modus operandi relatado por los denunciantes, Guevara y Torres presentan catálogos de insumos y servicios durante las reuniones de los comités de la región, promoviendo contratos de mantenimiento o construcción para las clínicas con compañías seleccionadas de manera discrecional.
Como muestra de sus señalamientos, los médicos proporcionaron la copia digital del contrato “para la prestación de servicios y adquisición instrumental” ZC-2024/06-098 firmado el pasado 14 de junio por el presidente y la tesorera del Comité “La Clínica es Nuestra” de San Baltazar Xochitlaxco, en Tepetzintla, con el representante legal de la inmobiliaria Gubero S.A. de C.V., Javier Meza Guerra, para la construcción de una clínica en ese lugar y la dotación de su equipo, cuyo costo total es de 374 mil 979 pesos.
Según el documento, que fue redactado en hojas membretadas, Gubero se constituyó como empresa el 10 de enero de 2022, mediante la escritura pública 46815, otorgada por el fedatario público número 31, Rafael Gutiérrez Ruiz, tiene su domicilio en San Pedro Zacachimalpa, en la ciudad de Puebla, y está debidamente registrada ante la Secretaría de Salud.
Los denunciantes aseguran que han manifestado las irregularidades a los Servidores de la Nación, pero no han actuado. Sin embargo, sospechan que la ausencia de acción es intencional, con el objetivo de beneficiar a las empresas ligadas a los funcionarios denunciados. Se menciona que familiares de Carmona Guevara han contactado directamente a los comités, presentando estos catálogos en reuniones fuera de la vista pública.
Entre los señalados por su participación en estas irregularidades figuran Gerardo Torres, exjefe de UAR, Yolanda León Quintero, Alfredo Amador, y la propia delegada Virginia Carmona Guevara. Según testimonios, estas personas han creado empresas y están presionando a las clínicas y doctores para que contraten sus servicios, consolidando así un monopolio en la región.
La preocupación entre los médicos y la comunidad es creciente, temiendo que estas acciones desvíen los recursos destinados a mejorar la infraestructura y servicios de salud en la región, afectando directamente a los pacientes. La denuncia pública busca que las autoridades intervengan y garanticen la transparencia y correcta aplicación de los recursos del programa “La Clínica es Nuestra”, asegurando que se respete la integridad y los intereses de las comunidades beneficiadas.
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