Edgar Sebastián Sánchez, director de Vialidad en el ayuntamiento de Huauchinango, ha sido denunciado porque ejecuta cobros de hasta 5 mil pesos a infractores por liberar su auto del corralón, pero no entrega recibos de pago.
Además, se ha confirmado que la dependencia a cargo de Sánchez parece estar lucrando con la expedición de permisos de circulación mensuales que permiten a unidades sin placas transitar y suponen un riesgo porque los autos pueden ser usados en delitos sin poder ser identificados.
El ciudadano Iván Paredes Vargas, originario de Huauchinango, ha presentado una denuncia en la que solicita la intervención de las autoridades competentes debido a presuntas irregularidades en el proceso de liberación de su vehículo, un Chevrolet pickup modelo 1991 con placas LZD1878 del Estado de México, que fue remolcado el pasado 31 de agosto por la Dirección de Vialidad Municipal.
De acuerdo con Paredes, su vehículo fue llevado al corralón municipal D-2 tras un incidente de tránsito. Al intentar liberarlo ese mismo día, se le negó el trámite y se le pidió que regresara el lunes 2 de septiembre. Sin embargo, al presentarse en la oficina de Vialidad, se le informó que debía pagar una multa de 5 mil pesos, que incluía infracción por estado de ebriedad y daños a terceros. Paredes cuestionó si podía aplicar un descuento por pronto pago, pero le fue negado.
Además, Paredes relata que tras pagar en efectivo la cantidad exigida en la oficina de Vialidad, no se le expidió un recibo oficial. Posteriormente, al acudir al depósito vehicular, tuvo que pagar mil 110 pesos adicionales por el resguardo y traslado de su vehículo. Ante esta situación, el ciudadano considera que ha sido víctima de un cobro excesivo y sin transparencia, solicitando que se investigue el caso y se tomen las medidas necesarias para evitar que otros ciudadanos enfrenten situaciones similares.
Por otra parte, se han conocido denuncias de que permisos para circulación de autos sin placas están siendo otorgados directamente por el director de la dependencia, Edgar Sebastián Sánchez Valencia.
De acuerdo con los testimonios, las anuencias se están emitiendo amparados bajo el artículo 1XI, que establece la posibilidad de emitir permisos de circulación provisional en coordinación con el gobierno estatal, con una vigencia máxima de 30 días. No obstante, los denunciantes afirman que estos permisos, que tienen un costo que varía entre 300 y 500 pesos, no están debidamente regulados por el municipio.