Personas que viven cerca del anfiteatro Rafael Burgunder, en Xicotepec, aseguran que hay un intenso olor fétido que atribuyen a la descomposición de cadáveres. Ha trascendido que en ese sitio permanecen desde los primeros días de este año al menos 5 cuerpos no identificados.
Los vecinos piden la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar la sanidad del depósito mortuorio y el manejo adecuado de los despojos. Aunque el hecho fue dado a conocer a través de redes sociales desde las primeras horas de ayer, hasta el cierre de la presente edición no había un posicionamiento oficial.
En México, el manejo de cadáveres no reclamados en los anfiteatros de las fiscalías está regulado por leyes y normativas específicas para garantizar el respeto a la dignidad humana, la salud pública y el cumplimiento de procedimientos legales. Este tema cobra especial relevancia en contextos de violencia, donde los cuerpos sin identificar o sin reclamación se acumulan en instalaciones forenses.
De acuerdo con la Ley General de Salud y la normativa local en cada estado, las autoridades forenses deben seguir un protocolo para el manejo de estos cuerpos. Primero, se realizan esfuerzos exhaustivos para identificar al fallecido, lo que incluye pruebas de ADN, registros dactilares, odontológicos y la búsqueda en bases de datos de personas desaparecidas. Paralelamente, se notifica a los familiares potenciales mediante anuncios en medios oficiales o locales.
Si después de un periodo establecido por la ley, generalmente 30 a 60 días, el cuerpo no es reclamado, las fiscalías deben proceder con su disposición. En este sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA3-2015 establece los lineamientos para la conservación, manipulación y destino final de cadáveres. Esta norma enfatiza la importancia de garantizar un trato digno y sanitario durante todo el proceso.
La disposición final suele implicar la inhumación en fosas comunes, aunque en algunos casos también se recurre a la cremación, dependiendo de la capacidad del anfiteatro y de las disposiciones locales. Sin embargo, antes de realizar este paso, es obligatorio documentar detalladamente las características del cadáver, conservar muestras biológicas para futuras identificaciones y registrar su ubicación en la fosa o el lugar de disposición final.
Las fiscalías también deben coordinarse con los municipios para garantizar que las fosas comunes cumplan con las medidas de salubridad y respeto al medio ambiente. En muchos estados, la creciente acumulación de cuerpos ha generado un debate sobre la necesidad de infraestructura adecuada y recursos para optimizar estos procesos.
Por otro lado, diversas organizaciones han señalado la necesidad de transparentar los procedimientos, asegurando que los derechos humanos sean respetados y que los familiares de personas desaparecidas puedan acceder a información clara sobre la disposición de los cadáveres.