Periodistas de la Sierra Norte de Puebla han denunciado un incidente de abuso de autoridad y prepotencia por parte del oficial Drian Martínez Bello, miembro de la Guardia Nacional de Carreteras en Huauchinango. El agente habría impedido que los reporteros realizaran su trabajo al cubrir un accidente ocurrido entre un camión de pasajeros y una Urban de transporte público.
Según los testimonios de los periodistas presentes, Martínez Bello exigió que se retiraran del lugar, amenazando con remitir a los reporteros a separos si no cumplían con la orden. Los comunicadores señalan que este no es un hecho aislado, ya que afirman que el mismo oficial ha mostrado actitudes similares en otras ocasiones, manifestando una aparente aversión hacia la prensa. Relatan que cada vez que los informadores llegan a cubrir accidentes, el oficial se comporta de manera agresiva, dificultando la labor periodística.
Este caso se suma a otros incidentes recientes en los que la Guardia Nacional ha sido acusada de hostigar a periodistas en el ejercicio de su labor informativa. En mayo de este año, en la misma región de la Sierra Norte, un grupo de reporteros denunció haber sido intimidado por elementos de la Guardia Nacional mientras cubrían un operativo de seguridad. Los periodistas fueron rodeados y se les impidió grabar imágenes del operativo, bajo el argumento de que representaban un “riesgo” para la seguridad.
Otro caso relevante ocurrió en enero, cuando reporteros en el municipio de Xicotepec denunciaron que fueron interceptados por agentes de la Guardia Nacional, quienes les confiscaron equipo fotográfico mientras cubrían un accidente vial. A pesar de presentar sus identificaciones, los periodistas fueron retenidos durante varias horas sin justificación.
Estas situaciones han generado preocupación entre la comunidad periodística de la región, que exige respeto a su labor y garantías para ejercer su profesión sin intimidaciones ni obstáculos por parte de las autoridades. Ante los hechos, los periodistas han solicitado la intervención de organismos de derechos humanos y de las autoridades correspondientes para investigar y sancionar este tipo de conductas que atentan contra la libertad de prensa.
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