 para reactivar el Proyecto Minero Ixtaca){kind=link}
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) alertaron que la Minera Gorrión SA de CV intenta imponer la Evaluación de Impacto de Derechos Humanos (EIDH) para reactivar el Proyecto Minero Ixtaca.
Reconocieron que la única Evaluación válida para los pueblos es aquella que fue liderada por las propias comunidades afectadas y que se entregó hace cuatro años a las autoridades.
Esto con relación a la supuesta elaboración de una Evaluación pagada y anunciada este miércoles por la Minera Gorrión S.A. de C.V., subsidiaria de la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd, en la que pretende validar el proyecto.
En un comunicado, dijeron que una Evaluación elaborada por la empresa no puede tener un “comité independiente” si es financiado por la misma empresa y tampoco si sus empleados participan en él.
“No pueden pagar a alguien para lavarse la cara y convencer a inversionistas que pueden rescatar un proyecto que no fue autorizado por el gobierno y que no es consentido por las comunidades”, reclamaron.
Expusieron que la EIDH que presentaron los pueblos en 2017 a las autoridades fue elaborado por las comunidades afectadas, tras un proceso participativo, transparente y, sobre todo, dirigido por las personas agraviadas.
Incluso recordaron que esta Evaluación también la entregaron a parlamentarios y aliadas canadienses hace cuatro años.
Precisaron que, por violentar los derechos humanos, el proyecto minero fue rechazado por las comunidades; además tampoco cuenta con autorización ambiental del gobierno y es inútil que insistan en su realización.
Revelaron que la EIDH se identificaron impactos negativos a los derechos al medio ambiente, el agua y la salud durante la etapa de exploración.
Asimismo, arguyeron que encontraron potenciales riesgos de desplazamiento forzado y la falta de cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo en relación con obtener el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades afectadas.
Entre otras razones sumaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó a finales del año pasado la solicitud de permiso de la minera para iniciar la fase de explotación.
Llamó la atención que la empresa, con antecedentes de violaciones a derechos humanos y de informar con imprecisiones a sus inversionistas, se refiera en su comunicación a que en el supuesto proceso se “involucrará” a diversos actores, como las comunidades indígenas, cuya existencia negaron cuando presentaron su Manifestación de Impacto Ambiental en 2020.
“De ninguna manera aceptaremos compensación alguna por las violaciones a los derechos humanos que quieren cometer con su proyecto y como lo señalan en su comunicación pública”, señalaron.
Incluso los ejidatarios y académicos cuestionaron: “ahora sí explicarán ¿por qué no recibieron al equipo implementador de la EIDH, ni quisieron comentar la evaluación que realizamos en 2017? ¿Darán a conocer los resultados de la supuesta Evaluación de Impactos Sociales (Evis) que prefirieron mantener ocultos?”.
Finalmente, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra advirtieron a los inversionistas que sus derechos humanos no son negociables ni tienen precio.
Recalcaron que los impulsores de este “proyecto de muerte” no cuentan con el permiso de las autoridades por más Manifestaciones de Impacto Ambiental que presenten ni mucho menos con nuestro consentimiento.
