Denuncian mujeres de Huaquechula que empresa minera y porcina contaminan el agua y la tierra de la región

Un grupo de mujeres de la comunidad de Santa Cruz Yancuitlalpan, perteneciente al municipio de Huaquechula, denunció este lunes que se encuentran en emergencia ambiental, derivado de la explotación ilegal que una empresa minera realiza en la localidad, con el respaldo del alcalde Ciro Gavilán Domínguez.

A esto sumaron que la granja porcina “Rancho Santa Ana” representa un “foco de infección” para los lugareños, debido a que los responsables tiran los desechos a una laguna a cielo abierto que se encuentra a unos pasos de distancia del único pozo de agua potable que abastece a la comunidad.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa en la ciudad de Puebla, Maribel Laureano Castillo y Ariana de Jesús Ramos, pobladoras de Huaquechula, que contaron con el respaldo por defensores de la tierra y el agua del estado.


Por lo expuesto, pidieron al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que intervenga en el conflicto, debido a que la comunidad es muy pequeña y existe desinterés por parte de las autoridades municipales.

Las declarantes acusaron que el presidente municipal le permitió la entrada a la empresa para la extracción de mármol, y solapa la contaminación que genera la granja porcina.

En su oportunidad, Ariana de Jesús Ramos informó que en abril de 2019 el alcalde Ciro Gavilán autorizó de manera verbal la extracción de muestras pétreas, a Juan González, empresario de origen tepeaquense.  

Sin embargo, acusó que la extracción se ha prolongado por casi un año y continúan sacando mármol por las noches, sin que exista un Manifiesto de Impacto Ambiental y permiso por uso de suelo.

“Llevan un año con la extracción de las muestras de mármol, y para tener contentos a los integrantes del Comité de Bienes Comunales le dieron 50 mil pesos que ya se repartieron entre ellos”, acusó Ramos, quien formó parte de este organismo.  

A la fecha, reveló que la extracción de mármol se realiza en un terreno del que se desconoce si tiene dueño o es propiedad del municipio, así como a cuánto ascienden los recursos económicos generados para el ayuntamiento.

Por otro lado, María Laureano Castillo informó que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta tiene conocimiento del tema, a través de una mesa de diálogo que se instaló con representantes de su gobierno; sin embargo, acusó que los enviados por la autoridad no les informan y los mantienen engañados.

“Nos han dicho que no se llevará a cabo ninguna explotación de la tierra, lo cual es mentira porque en Huaquechula siguen trabajando; nunca se pararon los trabajos”, denunció.

Además, la lugareña dijo desconocer también a quién se le entregan los recursos económicos y minerales generados por el aprovechamiento de los cerros.

Las opositoras condenaron que el tema no sea prioridad a resolver por parte de las autoridades municipales, quienes han evidenciado sus “acuerdos en lo oscuro” con los dueños de la minera y la granja porcina.

Destacaron que ambas actividades dejan como resultado la contaminación del agua y de las tierras de cultivo de la región.

Al final, denunciaron que hay amenazas en contra de las personas inconformes, quienes a pesar de estar organizados en contra del saqueo de los recursos en Huaquechula se niegan a firmar y a entregar una copia de su credencial electoral para solicitar al ayuntamiento haga público el contrato con la compañía extractiva.

“Somos una comunidad de escasos recursos, y hay temor entre algunos pobladores que la autoridad comience a quitarles sus tierras”, advirtieron. 

Manifestaron que buscarán un acercamiento con el subsecretario de Gobernación, David Márquez, y con representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para frenar la contaminación del agua que les ha provocado enfermedades en la piel y respiratorias.