Por los delitos de falsificación de documentos, amenazas, abuso de confianza, fraude, peculado y ejercicio indebido de funciones fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) Azul Rosalinda García Avendaño, directora de la secundaria José María Lafragua, en San Miguel Xoxtla.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Beatriz Galarza y Laura Martínez Sánchez, presidenta y vocal, respectivamente, del Comité de Padres de Familia, así como Blanca Ramírez Rivera, integrante del Comité de Participación Social, confirmaron que acudieron ante el Ministerio Público, en San Pedro Tlaltenango a denunciarla, además de que han acudido en reiteradas ocasiones ante la Secretaría de Educación Pública para exponer las fallas.
Sin embargo, a pesar de que han documentado todas sus acusaciones, no se ha procedido de ninguna forma contra la encargada de conducir esa escuela, y presumen que está siendo protegida por su hermano, Armando García Avendaño, quien fuera diputado local y ex dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETEP), pues incluso cuando se presentaron ante el Ministerio Público, el proceso fue obstaculizado.
Detallaron que la directora se niega a entregar cuentas del dinero que recolecta de los progenitores de 68 estudiantes y que de entrada no tendría por qué estarlo manejando ella.
Explicaron que en el arranque del ciclo escolar reportó tener en caja 36 mil pesos, pero el comité sostiene que son más de 50 mil pesos y al pedirle explicaciones, ella sostiene que si no hay más dinero es porque se utiliza para cubrir gastos derivados de robos, como el portón, parte de la malla ciclónica y cables de luz.
No obstante, las denunciantes sostienen que Azul García ha hecho pagos injustificados, como mil pesos semanales para limpiador o 700 pesos para copias.
También contrató una veladora, pero la persona convenida no se encontraba todas las noches y por eso se perpetraban los robos; además de que reportaba pagarle más de mil pesos, pero solo le entregaba 500 pesos a la trabajadora.
Esto desató la molestia de los padres, por lo cual decidieron ya no aportar los 25 pesos semanales que daban por cada hijo inscrito para cuidar la escuela.
Azul Rosalinda García Avendaño sostuvo que el cobro era por progenitor y no por alumno, pero cuando una estudiante se presentó para decir que eso no era cierto, pues por ella y su hermana entregan 50 pesos, la directora la violentó.
“Cuando la niña la encaró, la apretó de los bracitos, le dijo; qué no es cierto, por eso fue que más nos enojamos. La nena, aunque la apretó, le dijo: qué si le doy los 50. Como una mamá estaba cerca le dijo, ya déjela que se vaya a su salón, nos quedamos molestos porque aparte ya era maltrato para el alumno”, declaró Laura Martínez.
Otra mamá incluso presentó una queja ante Derechos Humanos porque la directora amenazó a su hijo para que pagara lo del velador.
Añadieron que los malos manejos de la directora provienen desde que ella comenzó con una escuela arriba de un consultorio y pedía a los padres 50 pesos a la semana para renta y ahora se ha descubierto que en ese momento el ayuntamiento quien pagaba el arrendamiento.
Las integrantes del comité expusieron que ya han enviado escritos a la Secretaría de Educación Pública, han entregado otros en Casa Aguayo, han acudido a la Corte y sus quejas contra la directora de dicha secundaria no prosperan, por lo cual sostienen que hay alguien que la está protegiendo.
Ante la serie de irregularidades, exigen que Azul Rosalinda García Avendaño sea removida.
Exhiben irregularidades en Técnica 20
En la Escuela Secundaria Técnica Número 20, por una presunta complicidad entre el director, Héctor Hernández Palacios, y el anterior Comité de Padres de Familia, encabezado por Rubén Luna Pérez; Miguel Zavaleta, Tesorero; y Gabriela Ramos, quien era titular de Contraloría (y ahora funge como regidora de Educación en el ayuntamiento de Xoxtla), no se tiene certeza del destino de casi 700 mil pesos.
Así lo indicaron Alberto Bermúdez Ortiz, vicepresidente del actual comité, y Juan Antonio Flores, Tesorero, quienes expusieron que el 2019 se reportó en caja un saldo de 160 mil pesos, pero para el 2020 se estima cobro de cuotas por el orden de 500 mil pesos.
No se conoce en qué fueron ocupados esos recursos, pues hasta ahora al actual comité no le han permitido revisar a conciencia los libros de gastos, además de que los declarantes sostienen no se debió obligar a los padres a aportar cada uno 700 pesos porque no había necesidad, ya que estaba la epidemia de Covid-19 y las clases eran en línea.
Posteriormente, para el ciclo escolar 2021-2022, les reportaron que cobraron 90 mil 900 pesos en cuotas, de los cuales gastaron 53 mil 777 pesos, por lo que únicamente entregaron en efectivo 37 mil 122 pesos.
Sin embargo, el director pretende que el nuevo Tesorero justifique los más de 50 mil pesos de gastos, a pesar de que debió hacerlo la persona que previamente tenía el mismo cargo.
Alberto Bermúdez y Juan Antonio Flores expusieron que hasta el momento se han descubierto, entre otras presuntas irregularidades, un gasto de 90 mil pesos en sanitizante, cuando los alumnos ni siquiera iban a las aulas.
Además se pagaron servicios de jardinería por 7 mil pesos, supuestamente a una persona que en realidad es mecánico y de la cual ocuparon la copia de su credencial de elector, misma que él entregó a la escuela por ser padre de un alumno, y le dieron mal uso. El agraviado intentó levantar una denuncia, pero el Ministerio Público se lo negó.