A cuatro años y medio de los sismos de 2017 que afectaron a Puebla y ocho entidades más del país, el diputado federal del PRI José Antonio Gutiérrez Jardón denunció que se desconoce el destino que tuvieron más de 91 millones de pesos que recibió México de otras naciones por concepto de donativos para damnificados.
Aseguró que lo misma opacidad se presentó en los apoyos que concentró el Fideicomiso Fuerza México (FFM), principal iniciativa del sector privado para la reconstrucción de los estados afectados, “porque no hubo mecanismos de control, administración ni distribución, y no hubo seguimiento al destino del dinero”.
La acusación la realizó en la exposición de motivos de una iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil que busca la creación de una Contraloría Ciudadana, para que verifique que los donativos a damnificados no sean desviados.
Recordó que México recibió donativos en dólares americanos, canadienses y euros, para Puebla, Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, pero “no se sabe cómo ni en qué se gastaron”.
La crítica alcanzó a la administración priista del expresidente del país Enrique Peña Nieto, pues José Antonio Gutiérrez reconoció que el gobierno federal en ese periodo no estableció las bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos, pese a que se encuentra mandatado en el artículo 68 de la Ley General de Protección Civil.
En su lugar, prosiguió el representante popular oriundo de Coahuila, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el comunicado 185 para facilitar la operación del Fideicomiso Fuerza México, a fin de canalizar las aportaciones por los sismos, sin que se justificara, fundamentara y motivara esa decisión
Recordó que la decisión que tomó el gobierno federal de concentrar los donativos en el FFM fue observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la fiscalización a 19 mil 804.8 millones de pesos destinados a la atención de daños.
“La ASF sostiene que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en beneficio de la población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para su recepción, administración, control, distribución y supervisión, en cumplimento de la Ley General de Protección Civil”, expuso.
Además, alertó que el “sin número de observaciones” que detectó la ASF no fueron subsanadas, porque “no tuvieron seguimiento posterior”.