Viernes, junio 21, 2024

De 900 a 2 mil pesos a la semana, los pagos ilegales que hacen los internos de San Miguel

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“El esquema de El Ranchito”, que era un espacio al margen de la ley dentro del penal de San Miguel, no ha desaparecido, afirmaron familiares de internos ante los cobros ilegales que, dijeron, continúan en el interior del reclusorio, tales como por hacer uso del agua potable, regaderas y el llamado “pase de lista”. Eso lleva a que los internos deben pagar como mínimo unos 900 pesos a la semana para tener acceso a los servicios básicos.  

No obstante, indicaron que una de las anomalías que consideran más relevantes, tiene que ver con un incremento en las restricciones para introducir alimentos o abarrotes, con el fin, afirmaron, de que los reclusos los compren en una nueva tienda que hay en el interior del inmueble.  

La Jornada de Oriente se entrevistó con familiares de personas privadas de su libertad que este sábado acudieron a visitar a los internos. Mientras se encontraban en la fila para ingresar narraron aspectos que consideraron ilegales; sin embargo, pidieron que sus nombres se reservaran, pues aseguraron que las represalias van desde golpes a los reclusos hasta su traslado a otro penal más lejano, por ejemplo el de Tepexi de Rodríguez.  

Sostuvieron que por lo mensos a la semana debe desembolsar unos 900 pesos por interno por cobros que custodios les realizan tales como el “pase de lista” al concluir el día, por el uso de agua potable, de regaderas, así como por si los internos desean ver televisión u ocupar un ventilador.  

En algunos esos pagos pueden llegar a ser hasta 2 mil pesos a la semana, a cambio de estar en una celda individual o que registre hacinamiento, pues en algunos espacios duermen hasta 30 presos.  

Indicaron que las cuotas se reducen cuándo los internos tienen más tiempo en prisión pues ya conocen a los custodios y estos les “perdonan” algunos pagos.   

Entre las anomalías que más señalaron, destaca el que no pueden ingresar una lista extensa de artículos de abarrotes o alimentos, situación que aseguraron tiene el fin de obligar a los reclusos a comprar en una tienda de abarrotes que hay en el interior y la cual dijeron que tiene una oferta limitada, además de que los reclusos no cuentan con el dinero suficiente para adquirir ellos su despensa, la cual también contiene artículos de aseo personal.  

Cuestionaron que haya tantas prohibiciones en el tipo de alimentos que deben ingresar para evitar que en estos vayan sustancias ilícitas, pues indicaron que ello ha provocado que tengan que comprar bolsas transparentes que en el exterior tienen un costo de hasta 140 pesos. 

En ese sentido, indicaron que el esquema de “El Ranchito”, que era un lugar de privilegios para algunos internos tales como el uso de celulares, gimnasio, locales de ropa, y áreas privadas para encuentros íntimos, mismo que generaba ganancias de tres millones de pesos anuales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Hace casi un año, la dependencia demolió esos espacios para evitar actividades ilegales, sin embargo, los familiares entrevistados consideran que el esquema no ha concluido pues los cobros al margen de la ley y la compra de artículos en el interior, continúa.  

Las quejas provienen de un grupo que perdió privilegios: SSP

Sobre el tema, en reiteradas ocasiones, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, ha asegurado que los cobros irregulares en San Miguel están prácticamente erradicados, particularmente, mediante la creación de dos áreas de seguridad y supervisión: una interna y otra externa.  

En ese sentido, el funcionario afirmó que las quejas que hay por presuntas extorsiones son de grupos de personas que en anteriores administraciones gozaban de privilegios para traficar con productos ilegales en el penal y los cuales aseguró que ya están identificados.  

Incluso señaló que fue ese mismo grupo el que a principios del mes de junio pasado organizó una protesta afuera del penal para exigir un alto a los supuestos cobros. El funcionario añadió que las personas que cerraron la vialidad en aquella ocasión ya estaban identificados, y que serían denunciados por el bloqueo a vías de comunicación. 

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