Tehuacán. El regidor de Nomenclatura, Alejandro Villarreal Hernández, dio a conocer que inició un procedimiento desde el pasado 31 de enero ante la Tesorería municipal, para exigir que se haga efectivo el pago de todos los salarios que le han retenido por parte del ayuntamiento desde noviembre de 2019, pero a la fecha hay negativa para atender su petición.
Acompañado de su abogado, Jorge Luis Jiménez Vázquez, el regidor se presentó ante la Tesorería para solicitar su pago; sin embargo, la tesorera, María del Carmen Siliceo Rodríguez, se ausentó de su departamento lo cual el edil consideró una falta de seriedad debido a que los citó para abordar su caso.
Jorge Luis Jiménez manifestó que la tesorera está violando la ley al tomarse atribuciones que no le corresponden pero además enfatizó que con esas acciones violenta los derechos del regidor Alejandro Villarreal.
El representante legal del regidor expuso que conforme marca a la ley inició un recurso de apelación para la protección de los derechos político–electorales de su cliente. Explicó que esa acción de tipo legal la presentó ante la Tesorería, porque es el área que incurre en la irregularidad, por lo que espera que la tesorera enmiende su actitud y resuelva el problema a la brevedad.
Previendo la actitud que tomó la tesorera, dio a conocer que presentaron un escrito también ante el Tribunal Electoral del Estado a fin de que esa instancia ordene a la Tesorería municipal dar trámite a la queja del regidor.
Adelantó que agotará todos los recursos a su alcance y si es necesario me miran las sanciones que la ley contempla en contra de María del Carmen Siliceo Rodríguez, mismas que, dijo, pueden llegar hasta su inhabilitación.
Jiménez Vázquez se mostró confiado en que el Tribunal Electoral conceda la razón a su cliente, por lo que aseveró que con ese beneficio iniciará una denuncia de carácter penal por daños y perjuicios en contra de Siliceo Rodríguez.
Alejandro Villarreal, declaró que solo exige lo que por derecho le corresponde, al tiempo de señalar la necesidad de obligar a las autoridades a cumplir con la ley, ya que actualmente en el ayuntamiento se está violando la legalidad en varios aspectos, no solamente en lo que se refiere a la retención de salarios a los regidores que no comulgan con el actuar del grupo que toma las decisiones, por ser la mayoría en el cabildo.