La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la emisión de facturas que contienen operaciones financieras presuntamente ilícitas o falsas en las que se encuentran involucradas administraciones pasadas del gobierno del estado y 20 municipios de la entidad.
Así lo informó el titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, quien se pronunció a favor de que las instancias competentes promuevan y en su caso determinen las responsabilidades a servidores públicos, particulares y empresas que hayan incurrido en alguna anomalía.
Adelantó que el órgano fiscalizador a su cargo está en proceso de suscribir convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Con dichos convenios, ahondó, la ASE aportará información de presuntas irregularidades en el gasto público, generando un entorno que impulse el fortalecimiento de las instituciones; así como la eficiencia y eficacia en el quehacer gubernamental.
Señaló que el combate a la corrupción y a la impunidad requiere que las diversas instancias federales y estatales se coordinen con el fin de alcanzar estrategias conjuntas.
El SAT publica periódicamente un listado de las empresas que presuntamente simulan operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, situación que detecta cuando dichas compañías no son localizables o no cuenta con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos imputados.
Por esa razón, el SAT maneja tres listados, el de los contribuyentes que presuntamente realizaron operaciones inexistentes, el de los contribuyentes que lograron desvirtuar las acusaciones y el de aquellos en los que no existe duda de que simularon operaciones con la emisión de facturas o comprobantes fiscales.