Sábado, abril 10, 2021

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Denuncia Artículo 19 presiones a favor de implicados en la tortura a Lydia Cacho

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Luego de que el pasado 4 de diciembre  se liberaron nuevamente órdenes de aprehensión contra el exgobernador Mario Marín Torres; el exdirector de la desaparecida Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán, y Kamel Nacif Borge, por los actos de tortura contra la periodista Lydia Cacho a finales de 2005,  Artículo 19 expresó su  “preocupación sobre la imparcialidad en este proceso”.

A través de un comunicado, Artículo 19 denunció que “fuentes al interior del Poder Judicial de la Federación confirmaron a la organización que tanto ex integrantes como funcionarios judiciales están presionando a los Magistrados, tratando de incidir en las decisiones a favor de los autores intelectuales y del instigador de la tortura”.

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Las nuevas órdenes de aprehensión serán sujetas a un nuevo análisis por parte del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito y fueron dictadas en cumplimiento de ciertos lineamientos establecidos en los amparos a favor de los imputados, “por lo que la nueva revisión debe confirmar que la resolución dictada por María Elena Suárez Préstamo, Magistrada del Primer Tribunal Unitario en Quintana Roo, es apegada a derecho”, aseveró la organización.

La decisión de la magistrada Suárez aborda cuatro aspectos fundamentales, mismos que sirvieron de base para ordenar de nueva cuenta la captura de los imputados:  La aplicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Quintana Roo (en lugar de la legislación federal), vigente en el momento de los hechos (2005).

Asimismo, el análisis de cada elemento del delito conforme a la ley estatal: se acredita el delito de tortura y la probable responsabilidad de Marín Torres, Nacif Borge y Karam Beltrán, siendo que el empresario detenta el carácter de instigador o provocador  de la conducta grave y Marín aparece como autor mediato, pues  obró a través de un aparato organizado de poder desplegado para torturar a  Lydia Cacho, como represalia por la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, mediante la cual se revela una red de pederastia.

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También la separación y discrepancia respecto del dictamen de la Suprema Corte en el presente caso.

Artículo 19 recuerda que el Máximo Tribunal, en votación dividida adoptada en noviembre de 2007, decidió que no se habían cometido violaciones graves a los derechos humanos de Lydia Cacho ni se había demostrado el concierto de autoridades considerando que la única prueba para llegar a tal conclusión fue a través de una prueba ilícita.
Dicha polémica decisión fue puesta en tela de duda por el Comité de Derechos Humanos de la Organizacíón de las Naciones Unidas (ONU) en julio de 2018, al decidir que sí se violaron gravemente los derechos fundamentales a la integridad personal, libertad de expresión, no discriminación en razón de género y acceso a la justicia de la periodista y activista.

Un análisis pormenorizado de la alegada “prueba ilícita” consistente en la conversación entre Nacif Borge y Marín Torres –hecha del conocimiento público en febrero de 2006– evidencia la utilización del aparato de procuración y administración de justicia para detener arbitrariamente y torturar a Lydia Cacho, aseguró la organización.

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