La defensa jurídica de Guillermo Jenkins de Landa demandó al gobierno del estado concretar la remoción de sus parientes del Patronato de la Fundación Jenkins, así como la restitución de éste en esa directiva.
Carlos Serna Rodríguez, abogado de Jenkins de Landa, recordó que miembros de la familia a la que su cliente pertenece, tienen órdenes de aprehensión en su contra por el presunto lavado de dinero, derivadas de un presunto desfalco al patrimonio de la Fundación, por lo que es necesario que se concrete su destitución como patronos de esta asociación.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el jurista recordó que aún no concluye el juicio administrativo y penal que Guillermo Jenkins sigue en contra de sus parientes y que afectó la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), por lo que ninguna de las partes puede “cantar victoria”.
Serna recordó que, a finales de junio pasado, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla (JCIAP) removió a miembros de la familia Jenkins del Patronato, ante las acusaciones de desfalco al patrimonio de la Fundación y de lavado de dinero, tras una acusación presentada por su cliente desde hace ocho años.
Quienes fueron removidos como patronos son: Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Sin embargo, el litigante señaló que el procedimiento aun no es definitivo, por lo que es necesario que se realice, pero de forma irreversible, al tomar en cuenta que hay ordenes de detención en su contra y esto impide que sigan al frente de la Fundación.
En el mismo sentido, refirió que es necesario que su cliente, Guillermo Jenkins, sea restituido como miembro del Patronato, pues recordó que, ante los señalamientos que hizo en contra de sus familiares, estos lo removieron del cargo de patrono.
Alertó que si el cambio no se realiza de forma definitiva, entonces el procedimiento que la Junta inició a finales de junio pasado, puede quedar solo en una “vendetta política”.
En cuanto a la suspensión provisional que la Familia Jenkins obtuvo en julio para no ser removida del Patronato, indicó que no se trata de una decisión definitiva, por lo que es necesario esperar a que las autoridades penales resuelvan en definitiva.
De cualquier forma, dijo, tanto él como su cliente están seguros de la validez de los argumentos que presentaron para demostrar que el resto de la familia realizó un desfalco del patrimonio de la fundación, por un monto de unos 720 millones de dólares.