Un grupo de pobladores de la comunidad de Acuexcomac, del municipio de San Pedro Cholula, denunciaron que la sobreexplotación de cinco pozos profundos que se utilizan para dotar de agua potable a la ciudad de Puebla provocó que se secara el manantial de esta localidad, junto con varios jagüeyes y norias. Por esa razón presentaron una demanda contra el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), del que reclaman una indemnización de 3 mil 500 millones de pesos.
Sin duda alguna es justo el reclamo contra el SOAPAP, que desde los años 90 ha extraído agua de la región de los volcanes para aliviar la carencia del líquido en la capital del estado, sin desarrollar una política de preservación de los mantos acuíferos. Eso lleva a que se resuelve el problema hídrico de la ciudad de Puebla a costa de un alto daño al medio ambiente y los intereses colectivos de las comunidades campesinas.
El problema que se puede advertir con la demanda que presentaron los pobladores de Acuexcomac es que al parecer no se observa que el agua es un bien de la nación. Los mantos acuíferos no pertenecen ni a una comunidad, ni una región o estado del país.
Por lo que entonces surge una pregunta básica: ¿En caso de que se lograra el pago de una indemnización, a quién correspondería cobrar ese dinero? Queda claro que los beneficiarios no pueden ser particulares o los habitantes de uno o varios poblados. Es fundamental que los labriegos que presentaron el recurso legal contra el SOAPAP conozcan el alcance de la demanda y no sean engañados con la posibilidad de la obtención de recursos económicos.