El ex juez de lo Penal, Enrique Romero Razo, se presentó ayer en una rueda de prensa con el rostro visiblemente golpeado y denunció que el viernes de la semana pasada fue víctima de un asalto en su casa por parte de cuatro hombres que lo esperaban armados y, tras amarrarlo de pies y manos junto a su esposa, se llevaron equipo de cómputo, a pesar de que había en el sitio objetos de mucho mayor valor económico.
Lo sufrido por Romero Razo ha sido también padecido por otras cinco personalidades públicas que, coincidentemente, en mayor o menor medida, se han destacado por ser opositores o críticos ante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas.
En algunos casos, como el de la panista Ana Teresa Aranda Orozco, las víctimas han culpado directamente a Moreno Valle de los delitos y, en otros, por no contar con elementos fehacientes de prueba, se ha sugerido que los atracos pueden haber sido dirigidos desde algún grupo cercano a quienes hoy detentan el poder en Puebla.
Lo cierto es que llama la atención que en un ambiente autoritario y persecutor como el que ha caracterizado al mandato de Moreno Valle los adversarios políticos, disidentes o simples críticos del morenovallismo sean sujetos de este tipo de actos que trascienden por mucho la esfera de la delincuencia común y se ubican, por todas sus características, en el ámbito del espionaje político.
No son, pues, gratuitas las suspicacias, sobre todo si se considera que hay en el círculo cercano al poder personas que parecen ser aficionadas a hurgar en la vida íntima de otras con el fin de obtener “secretos” con los cuales chantajear o presionar a quienes les resultan incómodos.