Buenos Aires. El ultraderechista presidente Javier Milei defendió las acciones de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la violenta represión de una manifestación pacífica de jubilados, que tuvo lugar el pasado 12 de marzo. La protesta fue acompañada por hinchas de diversos clubes de fútbol, sindicalistas y organizaciones sociales que se sumaron para apoyar las demandas de los jubilados, quienes fueron golpeados y gaseados por las fuerzas de seguridad.
El mandatario amenazó con endurecer las políticas de seguridad al declarar que “los buenos son los de azul (policías y otras fuerzas), y los malos son los hijos de puta que rompen autos, queman autos y amenazan a la gente. Esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos, y los vamos a meter presos para defender la República”, afirmó el mandatario, enfatizando que “el que las hace, las paga”.
El fotógrafo Pablo Grillo fue sometido a una cirugía de urgencia tras resultar gravemente herido por una bala de gas pimienta disparada con una escopeta de uso prohibido. Un video tomado por un dron, que capturó el momento del disparo, desmintió las versiones oficiales sobre el uso de la fuerza.
Bullrich justificó el operativo policial afirmando que la protesta fue violenta, pese a que no se registraron manifestantes armados. Testigos relataron que la policía actuó de manera provocadora, dejando un patrullero vacío y con las puertas abiertas en medio de la manifestación. Posteriormente, el vehículo fue volcado e incendiado por un grupo que apareció repentinamente con bidones de gasolina, sin que las cinco fuerzas de seguridad presentes intervinieran, lo que generó dudas sobre cómo los manifestantes pudieron haber llevado bidones de gasolina mientras eran vigilados por la policía.
Bullrich argumentó que el fotógrafo resultó herido por una bala de gas que rebotó, pero las imágenes muestran claramente al policía que disparó con la escopeta prohibida.
En tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal contra los organizadores de la marcha, acusándolos de “sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada”.
Bullrich afirmó que “denunciamos a los violentos y a quienes los protegen, financiados y movilizados desde municipios para desestabilizar el orden constitucional y atacar a nuestras fuerzas de seguridad”. Agregó que “Argentina no será más rehén de los mismos de siempre. A los piqueteros, barras bravas, militantes kirchneristas y de izquierda, y agitadores que promueven el caos, se les acabó la impunidad. El que las hace, las paga”.
Entre los acusados se encuentran el exlíder montonero Mario Firmenich, los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, y otros supuestos “grupos organizados”, a quienes el gobierno señala de haber recibido pagos de hasta 50 mil pesos argentinos, sin presentar pruebas.
La diputada Lilia Lemoine, cercana a Milei, generó indignación al justificar también la represión. “Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer una tortilla sin romper algunos huevos”, declaró. Cuando el periodista Fabián Doman le preguntó si esto incluía la posibilidad de muertes en futuras manifestaciones, Lemoine respondió: “Puede llegar a pasar”.
La jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 detenidos tras la marcha, defendió su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no cumplieron con los controles básicos de detención. Andrade afirmó que las detenciones carecían de fundamentos legales claros y que su decisión fue “estrictamente jurídica y apegada a la Constitución Nacional”.
La jueza señaló que “en ninguno de los casos hubo una explicación del contexto, hecho y lugar de detención”. También advirtió que su sentencia dejó claro “el A-B-C de la detención de una persona en nuestro país”. Ante las críticas del gobierno, Andrade sostuvo que estas declaraciones solo “desprestigian a los organismos de control de la Justicia”.
En tanto, el senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, presentó un proyecto de interpelación para que Bullrich explique la represión en las afueras del Congreso y el uso de un avión privado por parte de Laura Belén Arrieta, íntima colaboradora de Milei.
Arrieta llegó desde Miami en un jet privado Bombardier Global 5000, propiedad del empresario colombiano Ricardo Uribe. El avión aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza el pasado 25 de febrero, y Arrieta pasó los controles migratorios sin revisión de equipaje por orden del gobierno.
Parrilli exigió que comparezcan ante el Senado el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Alfredo Gallardo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director general de Aduanas, José Velis, para aclarar las circunstancias del ingreso del avión y el contenido de las 12 valijas que Arrieta transportaba. La iniciativa también señala que el ocultamiento podría estar relacionado con “droga, dinero de blanqueo o elementos tecnológicos para espionaje ilegal”.
En medio de esta crisis, el gobierno anunció una asignación adicional de 7 mil 300 millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia, bajo el control de Santiago Caputo, asesor principal de Milei. Sergio Neiffert, titular de la SIDE, dispondrá de mil 600 millones de pesos destinados a gastos reservados, sin obligación de rendir cuentas detalladas.
Este fondo se suma a una partida de 100 mil millones de pesos que el gobierno intentó aprobar el año anterior para la inteligencia, pero que fue bloqueada por la oposición en el Congreso.
La situación política de Milei se ha deteriorado significativamente, como reflejan las encuestas de las últimas semanas. El gobierno enfrenta crecientes denuncias de importantes juristas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión. También se han presentado demandas para iniciar un juicio político contra el presidente y su equipo de seguridad.
Milei, además, canceló su viaje a España, donde también enfrenta una investigación por la presunta “megaestafa” relacionada con la criptomoneda Libra. La crisis política y social en Argentina se profundiza, mientras el gobierno de Milei continúa enfrentando crecientes críticas y demandas de transparencia.
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