Miércoles, noviembre 13, 2024

Defensa vs. PIM tramita incidentes por violaciones adjudicadas a AMLO, Bartlett y Conagua

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Este jueves , la defensa legal contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), interpuso cuatro incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el director de la CFE, Manuel Bartlett Diaz y su homóloga de la Conagua, Blanca Elena Jiménez Cisneros, entre otras autoridades.

El Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala ha asegurado esta mañana en un comunicado que, por esos recursos tramitados “el presidente Obrador, Director de la CFE y Conagua tendrán que informar ante el juzgado federal porque han dicho que todos los amparos se han resuelto, cuando existen vigentes suspensiones que protegen los derechos al agua de los ejidos de Ayala, las tierras del ejido de Amilcingo sobre el Gasoducto y la integridad ambiental del Río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca”.

La defensa señala que es “un hecho notorio entonces que, las autoridades responsables están realizando y van a realizar diversas acciones para que en el mes de diciembre inicie el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos, basados en que ya se resolvieron todos los amparos, no hay suspensiones vigentes y, por lo tanto, no hay impedimento legal alguno para que se lleve a cabo el proyecto. Lo cual es totalmente falso, pues el presente amparo cuenta con suspensión de plano”.

Agrega que “si se demuestra que las autoridades están violando o no cumplen con la suspensión, como es el caso, el Juez de Distrito les requerirá que, en el término de 24 horas rectifiquen su actuar o de lo contrario se dará vista al Ministerio Público Federal sobre el delito de incumplimiento de suspensión, lo que amerita una pena de 3 a 9 años de prisión”.

Asimismo, recuerda que en el amparo 1185/2019 del ejido de Amilcingo, el 5 de diciembre de 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito confirmó la suspensión de plano del funcionamiento del Gasoducto Morelos “suspendiendo la inminente operación del gasoducto Morelos, toda vez que pudiera tener por consecuencia la privación total o parcial de las tierras del núcleo ejidal; así también, para que no se lleve a cabo ningún tipo de construcción o modificación, otorgamiento o expedición de cualquier tipo de licencia o autorización para tal fin”.

Añade que dicha suspensión se encuentra vigente y el amparo apenas está en periodo de desahogo de pruebas, por lo que su resolución definitiva, podría tardar  dos años más aproximadamente.

En el caso de la protección al agua de los ejidos, la situación es similar en los amparos 1180/2019 y 162/2020, contando con suspensión de plano “para el efecto de que no se altere, modifique, desvíe y/o cambie el rumbo de las aguas del río Cuautla, con el objeto de que sigan alimentando los canales de riego que pasan por el ejido inconforme… lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo”.

Por último en el caso de las aguas contaminadas de descarga de la termoeléctrica hacia el Río Cuautla reclamadas en el amparo 1823/2014, la defensa argumenta que incluso se ha incumplido ya con las recomendaciones establecidas por la Unesco.

Dicho incumplimiento consiste en “aumentar, supuestamente, el volumen de agua que recibe la planta tratadora a 885 litros por segundo cuando la comisión del recomendó en su punto 1.5 no comprometer el buen funcionamiento de la PTAR de acuerdo a su capacidad máxima de diseño que es de 630 lps, por lo que de ser ciertas las cifras de la directora de la Conagua, 255 los estarían contaminado el río Cuautla, pues la PTAR no tiene capacidad para tratar las supuestas aguas que aumentaron. Aunque cabe mencionar que las cifras de los volúmenes del agua dadas por el gobierno federal no son reales, pues el caudal del río no ha aumentado y el volumen que se usara para la termoeléctrica es mayor al declarado por la directora de la Conagua”.

“Los pueblos y ejidos que se defienden en contra de la imposición del PIM agotarán todos los recursos legales que tengan para proteger su vida y patrimonio, pero si el poder del gobierno pretende pasar por encima del llamado Estado de Derecho y corromper aún mas al Poder Judicial y a falsos representantes para aparentar acuerdos y diálogos, será el pueblo entonces quien, por sus propios medios, haga valer sus derechos”, advirtieron al final del comunicado.

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