Por tratarse de un procedimiento ilegal que no garantizó el derecho de audiencia, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que emitió un decreto revocatorio del Cerro Colorado, como Área Natural Protegida.
En conferencia de prensa virtual destacó que, en gobiernos anteriores, “simplemente emitían decretos por venganza política y revanchismo”.
Expuso que la declaración original fue emitida para causar afectaciones al desarrollo de los habitantes de siete municipios de la Región de la Sierra Negra.
En octubre de 2017, el exgobernador José Antonio Gali Fayad emitió un decreto para dejar a Cerro Colorado como Área Natural Protegida; sin embargo, el mandatario afirmó que se hizo con violaciones al debido proceso, no se garantizó el derecho de audiencia y no hubo un estudio técnico justificado.
“Es un acto de arbitrariedad, un capricho de un gobierno que tomaba decisiones y violaba derechos; las áreas naturales protegidas tienen razón de ser, en todo el mundo existen, pero justificadas”, declaró.
Barbosa Huerta dijo que estas áreas protegidas no tienen que afectar la vida ni la relación entre la naturaleza y las personas.
Por esta razón, pidió a la Dirección de Tenencia de la Tierra y la Consejería Jurídica del Estado (CJE) que elaboren un nuevo documento para retomar la denominación, pero sin afectar los intereses de la población, dedicada en su mayoría a la agricultura.
Adelantó que su gobierno está preparando dos decretos para contar con dos nuevas áreas naturales protegidas, pero “sin afectar los derechos” de los pobladores, de los agricultores y de los campesinos.
Ambas áreas estarían en la región que comprenden los municipios de Ajalpan, Nicolás Bravo, Chapulco, San Antonio Cañada, Santiago Miahuatlán, Vicente Guerrero y Tehuacán.
Este miércoles el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, dejó sin efecto el decreto de declaratoria como área natural protegida del Cerro Colorado de Tehuacán, mismo que fue emitido durante la época del morenovallismo, por haber violentado los derechos de 19 núcleos ejidales.
Desde el día en que se emitió la declaratoria, los ejidatarios se mostraron inconformes con esa medida, misma que les impidió durante cinco años realizar actividades en sus parcelas, pues así lo establecía el decreto.
Con el gobierno de Miguel Barbosa se abrió la posibilidad de dialogar e iniciar la revisión de la declaratoria. Ese análisis arrojó una serie de irregularidades cometidas durante el proceso para emitir ese decreto.
Los afectados recordaron que nunca fueron consultados sobre el tema, tampoco se es brindó la capacitación para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, simplemente se les cerró la posibilidad de trabajar sus tierras.