El Recinto Fiscal ubicado en Cuautlancingo permanece resguardado por granaderos mientras la inconformidad crece entre propietarios de vehículos extranjeros legalizados, quienes exigen al gobierno de Puebla el cese inmediato de los operativos de Comercio Exterior. Los manifestantes denuncian que, en los últimos meses, han sido decomisadas 30 unidades y se han impuesto multas que alcanzan casi 500 mil pesos, lo que consideran un ataque directo a su patrimonio y a su derecho a laborar.
La tensión se intensificó cuando los afectados, en su mayoría comerciantes y trabajadores, se congregaron frente al inmueble para exigir la devolución de sus vehículos y el fin de lo que califican como acciones arbitrarias.
Señalan que los decomisos se realizan sin argumentos legales claros y que, durante los procedimientos, los agentes les impiden comunicarse con familiares o abogados, lo que agrava la situación de indefensión.
José Cerón, uno de los afectados, relató que los retenes de Comercio Exterior se han vuelto cotidianos en vialidades como Periférico, 24 Sur y casetas de la zona metropolitana. “Antes no existían estos retenes y ahora los vemos a diario. Nos detienen aleatoriamente, nos quitan los vehículos sin orden ni justificación, y nos exigen documentos que no estamos obligados a portar”, afirmó.
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Los propietarios aseguran que sus vehículos cumplen con el decreto federal de regularización, cuentan con placas y chip de Repuve, pero el gobierno estatal no les permite emplacar en Puebla, por lo que utilizan matrículas de Tamaulipas. Esta situación, dicen, los convierte en blanco de los operativos, pese a que han cubierto las cuotas y trámites requeridos por la autoridad federal.
Jhonatan García, mecánico, narró que tras dos años de ahorro compró y legalizó su camioneta en Matamoros, cumpliendo todos los requisitos. Sin embargo, al llegar a Puebla, fue detenido y su unidad decomisada bajo el argumento de una supuesta irregularidad. “Me pidieron todos los papeles, los mostré, pero no les bastó. Me quitaron la camioneta y ahora está en el recinto fiscal”, lamentó.
Los inconformes denunciaron que las multas para recuperar los vehículos alcanzan hasta 500 mil pesos, una cantidad que consideran desproporcionada y fuera del alcance de la mayoría. “No somos delincuentes, somos trabajadores que necesitamos nuestros autos para laborar. Nos están privando de nuestro medio de vida”, expresó Cerón.
Además, señalaron que los operativos no son equitativos, pues han observado que algunas unidades de lujo sin placas ni chip han sido liberadas sin problema, mientras que a ellos se les retienen sus vehículos aun presentando documentación.
Gustavo Armando, otro afectado, cuestionó: “¿Por qué a unos sí y a otros no? Trajimos los papeles y aun así no nos devuelven las camionetas”.
La protesta incluyó un llamado a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y a autoridades federales para que intervengan y frenen lo que consideran una política de hostigamiento y abuso de autoridad. Los manifestantes advirtieron que no se retirarán del recinto hasta obtener una respuesta y la devolución de sus unidades.
El contexto de esta problemática se remonta al decreto federal que permitió la regularización de vehículos extranjeros, principalmente para apoyar a sectores vulnerables. Sin embargo, en Puebla, la aplicación de operativos y sanciones ha generado inconformidad y denuncias de violaciones a derechos fundamentales, como la libertad de tránsito y el acceso al trabajo.
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