Al cumplirse una semana del asesinato del campesino Ángel Tigre Aquino, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de agentes de la Policía Municipal, incautaron armas de cargo y al menos dos patrullas a la Policía Municipal de Piaxtla, cuyos elementos son señalados como responsables del homicidio.
La dependencia confirmó la operación efectuada por sus agentes investigadores sobre la corporación de seguridad pública del ayuntamiento mixteco, pero no brindó más detalles, aduciendo que no se debe alterar el debido proceso.
Por lo pronto se sigue ignorando el paradero del presidente municipal de Piaxtla, Carlos Maceda Carrera, a quien no se ha visto en esa población desde el pasado 14 de junio.
Se presume que el edil huyó a Nueva York para evadir su responsabilidad y que su fuga fue apoyada por su hermana, la diputada federal del Partido del Trabajo Nelly Maceda Carrera, quien tampoco ha emitido declaración ni posicionamiento, a pesar de que desde la semana pasada ha sido mencionada en varios medios de comunicación como cómplice en la evasión del alcalde.
Se sabe que los deudos de Ángel Tigre Aquino dialogaron ya con la titular de la Secretaría de Gobernación estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, quien comprometió el apoyo del Poder Ejecutivo poblano para esclarecer el crimen que segó la vida del labriego de 45 años.
Ha trascendido también que en los hechos la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha tomado el control de la fuerza pública en Piaxtla.
Esta casa editorial dio a conocer el lunes de la presente semana la denuncia de que Ángel Tigre Aquino había perecido por la severa golpiza que le propinaron al menos 8 de los 19 policías municipales de Piaxtla el 12 de junio pasado. La víctima fue atendida en un hospital de Acatlán de Osorio, al que supuestamente lo llevó el edil que estaría prófugo, pero los médicos nada pudieron hacer y el agricultor murió como consecuencia de un severo traumatismo craneoencefálico.
La Jornada de Oriente también dio a conocer en su edición de ayer que los gendarmes a quienes se culpa del asesinato fueron contratados y protegidos esta misma semana por el ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, aunque, como en los casos del edil de Piaxtla y su hermana representante popular, la Comuna cholulteca no ha manifestado ninguna postura.
Se sabe además que los policías a quienes se señala como torturadores y asesinos el trienio pasado eran parte de la fuerza pública del municipio de Chinantla, donde también cometieron abusos de autoridad.