La declaración de la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Norma Angélica Gálvez Sandoval, sobre Granjas Carroll México, en el sentido de que, a diferencia de las plantas porcícolas en Veracruz, la empresa en la región de Libres–Oriental en Puebla no está contaminando ni el agua ni la tierra, es desafortunada, ya que la planta de Totalco, ubicada en el municipio de Perote, Vecracruz, clausurada por autoridades ambientales de esa entidad, está en los límites con Puebla y la contaminación no respeta límites geográficos municipales ni estatales.
Además, la cuenca Libres–Oriental, la sobreexplotación del agua y la apropiación de las empresas trasnacionales que se han asentado en la región como Granjas Carroll y los procesos de contaminación han estado en la discusión social, política y ambiental en los últimos meses, debido justamente a los procesos de resistencia de los pueblos, así como a la participación de investigadores y académicos en diversos foros que han analizado la complejidad de la zona.
Uno de estos eventos, promovido por la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio, en septiembre de 2024, fue el Foro de análisis sobre la problemática de la cuenca Libres–Oriental, que tuvo como sede al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Universidad Autónoma de Puebla, donde Andrés Barreda Marín, coordinador en ese momento del programa Pronace Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del Conahcyt, abordó la desregulación ambiental en la región desde la perspectiva global y describió cómo la cuenca se ha convertido en una Región de Emergencia Socioambiental. Por su parte, la doctora Miriam Lastiri Rito, profesora de la UNAM, explicó que la trasnacional consume más de 8 millones de metros cúbicos de agua anualmente, lo que sobrepasa por mucho la capacidad de recarga de los acuíferos locales. Además de producir 5.8 millones de metros cúbicos de efluentes al año, aunque sus permisos de descarga solo permiten una fracción de ese volumen, lo que resulta en descargas ilegales y una contaminación generalizada.
Si la funcionaria estatal de medio ambiente, como mencionó en sus declaraciones, no tiene “ningún tipo de información ni denuncia por contaminación”, está mal informada y lo más grave es la omisión de las instituciones frente a las denuncias públicas realizadas, evidenciando la falta de sensibilidad y disposición de las autoridades competentes a emprender acciones frente a la grave situación descrita en la cuenca y denunciada por los pueblos y comunidades organizadas.
