Ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que en Puebla se aplicará el mismo método del gobierno de la Ciudad de México para contar con un padrón único de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad y que se buscará coincidir con la metodología de colectivos para tener una misma base de datos que permita tener claridad sobre la dimensión real del problema.
No resulta exagerado aseverar que lo anunciado por el titular del Poder Ejecutivo puede ser no solo la acción de gobierno más importante de su administración, sino la más relevante en las dos décadas recientes para atender el grave y doloroso caso de más de 2 mil poblanos reportados como ausentes de manera forzada.
También es cierto que la medida llega tarde, porque hace también más de 20 años que Puebla ingresó al listado de entidades federativas que padece las desapariciones como un flagelo social.
Es también destacable que las autoridades hagan pública su intención incluir a los familiares buscadores en la integración del padrón y base de datos, porque sin su participación cualquier política, norma o instrumento que se disponga para hallar a las personas desaparecidas y no localizadas carece de sustento.
Falta aún mucho por hacer para apoyar la búsqueda de las personas ausentes por causas contrarias a su voluntad en Puebla, pero uno de los pendientes que debe resolverse a la brevedad es la insensibilidad con las que funcionarios y servidores públicos ministeriales se conducen en el trato a parientes buscadores, sin duda.