Es preocupante que más allá de la viabilidad o no de la centralización de la administración del agua potable, pareciera que el gobierno del estado está operando para violentar la autonomía municipal, a fin de imponer a los cabildos una decisión que está tomada de antemano.
Se apreció ayer la actividad que desde la Secretaría General de Gobierno se desarrolló en concreto para aplicar la fuerza en el ayuntamiento de Juan C. Bonilla. Tampoco se puede tomar a la ligera la denuncia que hizo el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, en el sentido que desde la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) se están presentado documentos apócrifos a nombre de los regidores.
Lo que se está alentado desde la oficialidad es la generación de un conflicto social mayúsculo, que superaría incluso el nefasto episodio sucedido a mediados del sexenio pasado, cuando la administración entonces dirigida por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, determinó de manera unilateral arrebatar el servicio de Registro Civil a las juntas auxiliares.
Esta vez los ánimos pueden desbordarse con mayor encono porque lo que está en juego es un elemento vital, del cual nadie puede prescindir, por lo que es necesario hacer un llamado a que se recapacite y se termine el acoso que hay contra los municipios y sus autoridades.