El registro de 355 presos, procesados o perseguidos políticos que se han contabilizado en este sexenio, por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla, está documentado en los expedientes judiciales y testimonios de los afectados, además de otras documentales.
En los expedientes judiciales se pueden apreciar dos constantes: la inocencia de los acusados y el cúmulo de irregularidades y recursos legaloides de que se ha echado mano para encarcelarlos, someterlos a juicio u hostigarlos. Una tercera constante que no es tan evidente, pero es localizable a penas se conoce el historial de las víctimas, es que su actividad reciente inmediata a la persecución del morenovallismo, tuvo que ver con la defensa de sus derechos, del patrimonio, medio ambiente o la simple disidencia o crítica a proyectos del mandatario estatal.
Por eso resulta lamentable que el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, declare que la cifra sobre estos procesados y perseguidos políticos le parece “mágica” (sic), porque demuestra el grado de autoritarismo y hasta de sorna con el que esta administración se ha conducido durante su periodo.
Que el responsable de la política interior diga además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya ha revisado los casos y determinado que no hay violaciones a las garantías, no es ningún argumento, pues el plegamiento que ha tenido el organismo al gobierno de Moreno Valle ha quedado evidente en su determinación sobre el caso Chalchihupan.