Miércoles, abril 17, 2024

De enero a septiembre de este 2023 aumentaron 47% feminicidios en Puebla, respecto a 2022: OVSG

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2023, los feminicidios en el estado aumentaron 47 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

A partir del monitoreo hemerográfico realizado por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana Puebla, se infiere que, en el estado, en promedio, un feminicidio ocurre al menos cada siete días.

Sin embargo, en el estudio “A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Balance de la situación de los derechos humanos en Puebla”, el organismo jesuita señala:

“La comprensión de la situación de violencia contra las mujeres en el estado de Puebla no puede limitarse a las cifras oficiales o a las denuncias de los tipos y modalidades de violencia registradas por el Estado. Más bien, estas cifras deben considerarse como apenas un indicio de un problema mayor, complejo y multifactorial que afecta a mujeres de manera diferencial de acuerdo a distintas vivencias discriminatorias basadas en el género”.

En la mayoría de los feminicidios se desconoce públicamente el vínculo de la víctima con el agresor, pero en aquellos en los que se tiene información, siete de cada 10 fueron perpetrados por parejas o exparejas sentimentales.

De los 44 casos registrados hasta el 22 de noviembre del 2023, en 13 se identificaron que las mujeres, previo a ser ultimadas, se encontraban incomunicadas. “Este dato contribuye a fortalecer las hipótesis de la relación entre las desapariciones de mujeres y feminicidios”, asegura el OVSG

De acuerdo con la Encuesta de las Relaciones y Dinámicas en los Hogares ENDIREH) 2021 del INEGI, se estima que 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años, sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su vida; la violencia psicológica es el tipo más frecuente (53%), seguida por la violencia sexual (48%) y, en tercer lugar, la violencia física (34%).

El ámbito comunitario (44%) y en las relaciones de pareja es donde más experimentaron violencia (43%). Esta información cruzada con los datos del SESNSP establecen que los delitos de violencia familiar en el 2023 aumentaron un 8 por ciento respecto al mismo periodo de 2022.

Resalta a nivel junio de 2023 como el mes en el que se ha registrado el mayor número de delitos de violencia familiar en los últimos ocho años.

“En cuanto al acceso a la justicia, que implica la investigación de los casos, la sanción de los responsables y la reparación del daño, el Estado aún enfrenta importantes retos como garante de un estado de derecho, entre otras cosas, derivado de fallas estructurales e institucionales para abordar la complejidad de la violencia de género; especialmente de los delitos de violencia de género, incluyendo la trata de personas y los feminicidios. Ejemplo de ello es que, hasta noviembre del 2023, el Poder Judicial del Estado de Puebla, ha emitido 16 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio y, vinculado a proceso por el delito de feminicidio, sólo a tres personas”, acusa el OVSG.

En ese sentido, indica que “algunos de los obstáculos más significativos para acceder a la justicia, incluyen la falta de participación de las víctimas en los planes de investigación, la ausencia de perspectiva de género en el análisis de contexto para abordar las desigualdades derivadas de construcciones sociales y culturales de género, la preservación de pruebas importantes, la falta de sensibilización de los ministerios públicos y policías ministeriales en la investigación, y las deficiencias estructurales, como la carencia de personal adecuado en la Fiscalía General del Estado, que actúe con prontitud, profesionalismo y competencia, considerando en su trabajo la inclusión de un enfoque intercultural e interseccional del contexto de las víctimas”.

Añade que, a pesar de la activación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 50 municipios de la entidad, de acuerdo al último dictamen del grupo interinstitucional y multidisciplinario encargado del seguimiento a la implementación, se establece que las autoridades sólo han cumplido con 1 de las 45 medidas de prevención, seguridad y justicia, al haber activado el Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencia contra las Mujeres.

“Al respecto, se espera que dicho modelo tenga resultados importantes en la disminución del ejercicio de dominación y sometimiento sobre el cuerpo de las mujeres; actos asociados a las diversas violencias patriarcales arraigadas en nuestra cultura”, apunta el OVSG.

En los últimos dos años, el Congreso del Estado ha promovido reformas e iniciativas a favor de las mujeres en respuesta a las demandas de víctimas y colectivos feministas. Estas acciones buscan desnaturalizar la violencia mediante modificaciones a diversos códigos, como la Ley Monzón, la Ley Vicaria, la Ley Montse y la Ley Sabina.

“Aunque estas reformas representan un avance legislativo significativo, aún persisten desafíos estructurales que requieren abordarse para impulsar cambios claros y eficaces. En este sentido, es necesario priorizar la atención a las violencias y discriminaciones por razones de género, centrándose especialmente en niñas, adolescentes y mujeres”, asevera el OVSG.

Por todo lo anterior, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana, recomienda a la fiscalía general del Estado de Puebla: “aumentar el número de personal profesional y experto en la Fiscalía

Especializada en Delitos de Género y la Unidad Especializada en Feminicidios. Esto, hacia la profesionalización y sensibilización con perspectiva de género, especialmente en las unidades de Análisis y de contexto”.

Asimismo, aplicar el Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de Puebla, para asegurar la identificación clara de las razones de género en toda muerte violenta, e identificar los factores que influyen u obstaculizan la identificación de patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios por género durante las investigaciones de los delitos, con el objetivo de evitar la revictimización, culpabilización, presión o cuestionamiento del testimonio de las víctimas.

También pide “informar sobre las acciones u omisiones en la implementación del Protocolo Alba y Alerta Amber, incluyendo casos en los que las víctimas de feminicidio estaban incomunicadas o desaparecidas previamente a su asesinato para conocer la vinculación entre desaparición, feminicidio u otros delitos”.

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