De 2015 a 2020 la UAP ha rescindido a 34 empleados por acoso, hostigamiento y discriminación

De 2015 a 2020 se realizaron en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) 147 investigaciones administrativas: 51 por acoso, 68 por hostigamiento y 10 por discriminación, que resultaron en 74 sanciones: 13 amonestaciones, 27 suspensiones temporales y 34 en terminaciones de la relación laboral. Además, hubo cinco acuerdos y en 50 casos no hubo elementos para sancionar, informó ayer Rosa Isela Ávalos Méndez, abogada general de la institución.

La funcionaria participó en la sesión virtual denominada: “En línea con el rector: acoso y hostigamiento sexual en la Universidad, un diálogo con académicos y estudiantes para construir acciones y estrategias en contra de la violencia de género” en la máxima casa de estudios.

El titular de la Administración Central advirtió que “la violencia de género es una problemática que ha dañado por generaciones a las mujeres, a la humanidad y, también, a nuestra comunidad universitaria, y no se resuelve ocultándola o negándola: la solución está en la intervención de especialistas de todos los ámbitos y de todos los que integramos la UAP”.


En el acto se hizo la presentación oficial de la Dirección Institucional de Igualdad de Género (DIIGE) y el emisión de la convocatoria para actualizar el Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género, creado en noviembre de 2019.

Esparza Ortiz enfatizó que de acuerdo con las acciones realizadas el año pasado, la UAP asumió el compromiso y decidió crear la Dirección Institucional de Igualdad de Género, como una instancia plural, inclusiva y con capacidad para operar estrategias de prevención y erradicación, así como atender y dar seguimiento a todas las demás instancias que participan en las denuncias presentadas por delitos relacionados con la violencia de género.

“Cuando inicié mi gestión al frente de esta gran institución, las acciones en perspectiva de género eran casi nulas. Hemos aprendido y debemos consolidar los conocimientos que cada día nos enseñan más. Nuestra universidad no es una instancia judicial, pero sí tenemos la obligación de crear y mejorar permanentemente las normativas hasta lograr el objetivo: la igualdad entre mujeres y hombres, en entornos libres de violencia y discriminación”, remarcó.

Con relación a la convocatoria para actualizar el Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación y Violencia de Género, en la que podrán participar todos los integrantes activos de la comunidad universitaria, el rector señaló que es un ejercicio permanente y continuo de participación y aprendizaje, indispensable dentro de las estrategias para prevenir la discriminación y la violencia de género.

“Queremos que se sumen con sus propuestas para mejorar el protocolo y que se genere entre los universitarios esa confianza fundamentada en que estamos atendiendo todos los casos y todas las situaciones, para tener la posibilidad de intervenir y llegar al objetivo de violencia cero en la UAP”, añadió.

Por su parte, María del Carmen García Aguilar, titular de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, explicó que la dependencia, surgida por iniciativa del rector Alfonso Esparza Ortiz, trabajará en dos sentidos estrechamente vinculados: la transversalización de la perspectiva de género y la atención de la violencia y la discriminación. Precisó que se elaborarán estrategias a partir de los indicadores institucionales, para incorporar la perspectiva de género en la docencia e investigación de los diversos niveles educativos, así como en las áreas administrativas de la Universidad.

“Los objetivos para esta tarea son primeramente la suma de todas las acciones propuestas que ya existen en nuestra universidad, producto del trabajo de muchas personas de diversas áreas, sectores y dependencias. Nos proponemos coordinar y articular todas aquellas actividades con vías a promover y consolidar la institucionalidad y transversalización de la perspectiva de género en la UAP y contribuir de manera estratégica en el diseño de políticas que permitan atender de forma directa y eficaz la violencia de género y la discriminación a la diversidad humana”.