Jueves, febrero 6, 2025

Habitantes de Xochimehuacan piden les permitan reconstruir aunque sea casas de cartón en la zona cero

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Al menos ocho familias de San Pablo Xochimehuacan, cuyas casas fueron derribadas en la zona de la explosión de un ducto de gas en octubre pasado, pidieron a las autoridades que les permitan volver a levantar sus viviendas aunque sea de cartón. 

En conferencia de medios argumentaron que ya no les alcanza para pagar rentas en la zona norte de la junta auxiliar, debido a que son personas de escasos recursos y de la tercera edad. 

Manifestaron que no están de acuerdo con la reubicación que les propone el gobierno estatal en la zona del Batán porque está muy lejos y sus familiares tendrían problemas para visitarlos o estar al tanto de ellos. 

Margarita Romero García afirmó que su abogado promovió el amparo 718/2022 respecto al cual, un juez concedió la suspensión provisional, lo que les permite ingresar a sus predios, debido a que estaba prohibido tras la explosión del ducto. 

El litigante confió en que en un periodo de dos meses se obtenga la suspensión definitiva con lo que podrían volver a construir en la zona, considerada por la autoridad estatal como de alto riesgo.  

En tanto, Romero García, es una adulta mayor que renta un departamento en la zona norte de la junta auxiliar y paga mil pesos mensuales, los cuales son complicados de cubrir.

Para ella es invaluable el costo de su vivienda que construyó con ayuda de su esposo durante más de 20 años de inversiones pero la explosión por una toma clandestina acabó con su patrimonio.

Pidió una audiencia con el gobierno del estado para plantearle la petición, pues argumentó que su vivienda se encuentra alejada del ducto.

La afectada en compañía de otros habitantes en condiciones similares exigieron que se de cumplimiento a la resolución judicial, pues afirmaron que pese a ella, la Policía no les permite acercarse a su predio.

Agregaron que su abogado no les ha cobrado hasta el momento un centavo ante su situación precaria.

En tanto, Romero García, es una adulta mayor que renta un departamento en la zona norte de la junta auxiliar y paga mil pesos mensuales, los cuales son complicados de cubrir.

Para ella es invaluable el costo de su vivienda que construyó con ayuda de su esposo durante más de 20 años de inversiones pero la explosión por una toma clandestina acabó con su patrimonio.

Pidió una audiencia con el gobierno del estado para plantearle la petición, pues argumentó que su vivienda se encuentra alejada del ducto.

La afectada en compañía de otros habitantes en condiciones similares exigieron que se de cumplimiento a la resolución judicial, pues afirmaron que pese a ella, la Policía no les permite acercarse a su predio.

Agregaron que su abogado no les ha cobrado hasta el momento un centavo ante su situación precaria.

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