Viernes, junio 14, 2024

Cumple año y medio sin abrogarse ley Bala; Policía puede disparar a manifestantes: CDHPT

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Este 22 de diciembre se cumplió un año y seis meses desde que el gobernador, Rafael Moreno Valle envió al Congreso la iniciativa para abogar la llamada ley Bala y ésta sigue sin ser siquiera analizada, por lo que es vigente la posibilidad de que en Puebla la fuerza pública dispare contra manifestantes y quede impune, advirtieó el Centro de Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala.

Se trata de “un ardid que hizo el titular del Poder Ejecutivo de Puebla y del cual participa activamente el Poder Legislativo del mismo estado. Entendemos que la supuesta abrogación fue solo una reacción política ante las críticas que hubo a nivel nacional e internacional de la ley Bala”, señaló Lariza Martínez, vocera del Centro.

En tanto, en el reporte sobre censura y libertad de expresión que presentó Cuauhtémoc Cruz Isidoro, director del portal Con los Ojos Abiertos –auspiciado por la Universidad Iberoamericana Puebla– a principios de diciembre, se resaltó la vigencia de la llamada ley Bala.

En el capítulo “Criminalización de la protesta”, señala que el 19 de mayo de 2014, el Congreso del estado aprobó Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, mejor conocida como la #LeyBala. Dicha ley entró en vigor el mismo día al ser publicada en una versión vespertina del Periódico Oficial del gobierno del estado.

Recordó que la aplicación de dicha ley en un operativo realizado por la Policía Estatal, el 9 de junio en la autopísta Puebla–Atlixco, a la altura de San Bernardino Chalchihuapan, con el objetivo de liberar la vía de una manifestación de pobladores, derivó en un enfrentamiento que dejó como resultado a una decena de personas lesionadas de gravedad, una de ellas un menor de edad, que fallecería días después.

Un grupo de ciudadanos y organizaciones emitieron un pronunciamiento entorno a la denominada ley Bala que concluía, entre otras cosas, en que

“Las imprecisiones y ambigüedades, así como los puntos inquietantes que presenta la ley reflejan de fondo una mayor preocupación por limitar los derechos de los ciudadanos, en particular aquellos relacionados a la protesta y la libertad de expresión. Así, la ley genera un ambiente intimidatorio e inhibitorio del ejercicio de derechos, cuando debería garantizar el ejercicio derechos y limitar explícita y efectivamente al Estado en el uso de la fuerza para favorecer un clima en el que la protesta y la libertad de expresión sean vistas como elementos que aportan al debate y a la construcción democrática de lo público y no como amenazas a una administración”.

Por su parte, Artículo 19 calificó la ley como una ley que restringue la libertad de expresión y criminaliza la protesta social. Mediante un posicionamiento, la organización defensora de derechos humanos indicó que:

“Entre otros problemas: establece una cláusula abierta para clasificar las armas no letales fuera de la ley; cataloga de manera general en manifestaciones violentas y pacíficas; establece criterios ambiguos y discriminatorios para determinar el tipo de operativo frente a cada manifestación; y es poco clara o incluso contradictoria en el tema del uso de armas de fuego en contextos de manifestaciones

Artículo 19 considera alarmante que una legislación que pretende determinar el actuar de las fuerzas de seguridad pública frente al ejercicio de los derechos a la protesta social y la libertad de expresión, contenga disposiciones abiertas a un uso arbitrario, discriminatorio y restrictivo de estos derechos.

“Estas disposiciones son una amenaza para la libertad de expresión y para las personas que ejercen la protesta social en el estado de Puebla, pero además, son muestra de una tendencia preocupante en dirección a un mayor control por parte de las autoridades y a un menor espacio de ejercicio de libertades fundamentales de todas las personas”.

 

Simulación

Tras el escándalo mediático a nivel nacional e incluso internacional, el titular del Poder Ejecutivo envió al Congreso del estado, el 22 de junio de 2014, la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se Abroga la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla.

A casi un año y medio de presentada dicha iniciativa, ésta continúa en trámite al interior del Congreso, mientras la ley Bala sigue vigente.

 

Compromisos incumplidos

En su informe, Cruz Isidoro recuerda que la libertad de expresión es un derecho humano reconocido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero establece en materia de derecho a la información que:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. (…) Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Por su parte, el segundo al hablar de la difusión de información e ideas que:

“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo sexto de esta Constitución”.

La organización Artículo 19 ha manifestado que “La libertad de expresión no sólo es importante en sí misma, sino que también es esencial para que otros derechos humanos puedan ser realizados”.

“Así pues, la existencia de las garantías mínimas para el ejercicio pleno de este derecho fundamental abona al fortalecimiento democrático de una sociedad”.

El tema de Libertad de expresión y derecho a la información se encuentra alojado dentro del rubro Democracia y Buen Gobierno. En él se establece que el gobierno resultante de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Nueva Alianza (Panal) “impulsará una serie de reformas para garantizar que en la libre manifestación de las ideas no se reproduzcan estereotipos que denigren la imagen de las personas por cualquier motivo discriminatorio, y también para que se estimule entre los medios de comunicación la promoción la igualdad de género, la no discriminación, la no violencia en contra de las mujeres y el respeto a las diferencias, en el marco de la libertad de prensa”.

En el documento entregado al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) se indica que “la libertad de prensa no tendrá restricciones, sin menoscabo de las responsabilidades establecidas, tanto civiles como penales. Asimismo, se resguardarán los derechos de las y los profesionales de la comunicación”.

Sin embargo, en los hechos, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha incumplido sus compromisos de respeto a los derechos humanos y de libertad de expresión.

 

 

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