La investigación realizada por colectivos y defensores del derecho humano al agua reveló que en los últimos cuatro años la cuenca Libres–Oriental pasó del lugar 35 al 22 entre las más sobreexplotadas del país, y es la segunda más afectada en el estado. En conferencia de medios, Anabel Guerrero, del colectivo Iglesias y Minería; David Torres de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana; Silvia Villaseñor, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que forma parte del consejo Tiyat Tlali; Ana Paula García Valeriano, del Centro de Estudios Ecuménicos, y Ana Lluvia García Vilchis, de Puebla Consulta Ciudadana, informaron sobre la presencia de 29 concesiones mineras, más de 100 granjas productoras de cárnicos, una cervecera, proyectos de celdas solares y extracción de litio, así como la industria automotriz de Audi y sus autopartes, que ponen en riesgo de colapso a la cuenca LibresOriental, la cual ya es considerada un “infierno ambiental”.
A lo anterior hay que agregar la recientemente inaugurada industria militar y al consecuente desarrollo inmobiliario, que las actividades generan presionando aún más el abasto y poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para 22 municipios de Puebla, Tlaxcala y Veracruz que se abastecen de la cuenca.
Además, la cuenca está en riesgo por la severa contaminación del agua, aire y tierra que generan estas industrias, la cual ha derivado en afectaciones a la salud de la población como a la fauna y flora de la región.
Ante la grave situación que se presenta en la cuenca de Libres–Oriental las políticas públicas para remediar los impactos ambientales están ausentes, así como el cumplimiento de la legislación que obliga a los distintos sectores empresariales y municipales a realizar acciones con la finalidad de mitigar los daños ambientales con miras a preservar los recursos y bienes naturales y la propia vida de los habitantes. Diseñar políticas para recargar la cuenca, preservar las áreas forestales, hoy severamente afectadas por los incendios, preservar las áreas de infiltración para la recarga, así como tratar los desechos industriales y urbanos con miras a frenar la contaminación, son acciones que las autoridades competentes en los diversos ámbitos de gobierno deben impulsar de manera urgente.
