Lunes, septiembre 20, 2021

El bosque del ejido Cruz de Ocote en Puebla, uno de los 5 mil núcleos agrarios concesionados a la minería en México

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Los bosques y selvas del país están amenazados por la minería, aunque los dueños sean comunidades y ejidos que cuentan con programas de manejo para su conservación y aprovechamiento. Este es el caso del ejido Cruz de Ocote, ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, uno de los 5 mil 22 núcleos agrarios que operan 12 mil 616 concesiones mineras en México.

El caso de Cruz de Ocote fue recopilado en el reporte Bosques comunitarios y minería en México. El estudio dado a conocer este viernes fue elaborado por los investigadores Leticia Merino y Sergio Madrid, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, y por Sol Pérez, de Fundar.

En el documento se precisa que en México suman mil 907 comunidades con programas de manejo ambiental, en las que se entregaron 924 concesiones, mientras 92 proyectos se encuentran operando.

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A la par, la excomisariada de bienes comunales del ejido Cruz de Ocote, Isabel Ojeda, participó este fin de semana en un conversatorio virtual organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde expuso que la vida en comunidad está siendo amenazada por el corporativo canadiense Almaden Minerals.

“Tenemos bosques, flora y fauna diversa, manantiales que dan agua potable a cinco comunidades, así como sistema de riego para cuatro pueblos más y sus invernaderos, donde hay empleo para 100 personas; contamos además con certificación nacional por el buen manejo de nuestros bosques”, destacó.

Sin embargo, Isabel Ojeda dijo que toda esta biodiversidad está en riesgo desde hace 10 años, cuando descubrieron maquinaria haciendo exploraciones para instalar una minera a tajo o cielo abierto.

“Nos empezamos a informar y organizar con otros pueblos vecinos, hicimos reuniones y nos apoyamos en diferentes organizaciones; marchamos por las calles del municipio y el estado, fuimos hasta la ciudad de México a la Semarnat -Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales- y la presidencia de la República para dar a conocer nuestra inconformidad”, señaló.

A través de redes sociales, la excomisaria de Cruz de Ocote comentó que a los campesinos e indígenas que defienden el agua y la tierra “nos ven como revoltosos, pero al final del día de hoy no nos han consultado si queremos la minera”.

Por esta razón, dijo que las comunidades de la Sierra Norte de Puebla decidieron firmar un acta en contra de la instalación de cualquier megaproyecto en su territorio. El documento- agregó- fue entregado al Registro Agrario Nacional y a la Semarnat.

Isabel acusó a las empresas transnacionales de comprar la conciencia de algunos pobladores, generando la división entre los pueblos, bajo la promesa que estos corporativos traerán desarrollo a sus comunidades.

“Los gobiernos hablan mucho del cambio climático, pero con estos proyectos destructivos se está haciendo todo lo contrario. Nosotros aquí nacimos, aquí crecimos y aquí estamos, y ahora nos quieren destruir”, denunció.

Cruz de Ocote con certificación nacional por manejo y protección de bosques

El estudio Bosques comunitarios y minería en México documentó que Cruz de Ocote recibido la certificación nacional de buen manejo de sus bosques, en la que se acredita que el ejido cumple con todas las disposiciones legales y llevan a cabo prácticas de buen manejo del bosque, lo que garantiza su conservación y la preservación de los servicios ambientales que éste genera.

Asimismo, reconoció que Cruz de Ocote es también ejemplar por su apuesta decidida en favor de la inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades de manejo del bosque.

“El ejido conserva sus bosques y la fauna que alberga en excelentes condiciones, genera empleos y beneficios económicos locales. Estos logros que han alcanzado a partir de años de arduo trabajo y compromiso están en grave riesgo a partir de que la Secretaría de Economía, sin notificación alguna, otorgó una concesión minera a la empresa Minera Gorrión, subsidiaria del corporativo canadiense Almaden Minerals, que afecta el conjunto de las tierras de Cruz de Ocote y las comunidades aledañas”, se lee.

Solo seis años después y, por medio de las comunidades vecinas los ejidatarios, los lugareños se enteraron del peligro que pendía sobre sus tierras.

Enfatizó que el ejido se ha movilizado para impedir el despojo arbitrario de su territorio y sus recursos naturales, articulándose con otros grupos comunitarios de la sierra poblana en defensa del territorio frente a la amenaza de la gran minería.

A finales de 2020, la Semarnat rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental de proyecto minero, pero la población vive en la incertidumbre ante la posibilidad de que se reactive el proyecto.

La contribución de la minería a la economía es “muy marginal” frente al daño ambiental

El análisis realizado en esta investigación ha permitido documentar que el Estado Mexicano ha otorgado concesiones mineras sobre territorios forestales comunitarios en favor de corporativos y empresas privadas, atropellando los derechos de las comunidades, bajo el discurso de impulsar el desarrollo, la economía y el empleo.

No obstante, diversos indicadores muestran que la contribución de esta actividad al Producto Interno Bruto (PIB), a la recaudación fiscal y al bienestar local es muy marginal frente a los daños ambientales y sociales que implica.

Para los especialistas, el Estado ha facilitado enormemente el avance de la minería, “le ha allanado el camino a las empresas con el objeto de que tengan todas las facilidades para desarrollar proyectos extractivos.”.

Los territorios forestales afectados son propiedad de 5 mil 222 comunidades agrarias y ejidos que poseen la documentación legal que los acredita como los legítimos propietarios de las tierras.

No obstante, arguyó, al cobijo de la definición de que los minerales del subsuelo son propiedad de la nación, el gobierno federal otorga concesiones mineras sobre territorios comunitarios, viola el derecho de las comunidades y los ejidos a la autodeterminación y a decidir de manera autónoma sobre sus territorios.

Demostró que los bosques propiedad de comunidades agrarias y ejidos “sufren directamente los impactos de 673 proyectos de exploración y extracción de minerales operados por empresas privadas, nacionales e internacionales”.

Dichos corporativos -agregó- basan sus acciones en las concesiones que el Estado Mexicano les ha otorgado en ausencia de las consultas previas e informadas a que tienen derecho las comunidades.

“El otorgamiento de concesiones mineras sobre territorios forestales pertenecientes a ejidos y comunidades, al amparo del artículo 6 de la Ley Minera, es inconstitucional pues contraviene los derechos establecidos en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que México es signatario, como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales”, arguyó.

Esta situación -afirmó- implica un proceso de despojo y destrucción de la vida comunitaria y socavan las actividades que llevan a cabo las comunidades que manejan sus territorios.

En contraste, el estudio exhibió que el trabajo comunitario vinculado al manejo del bosque genera importantes servicios y beneficios ambientales, además -añadió- fortalece las economías locales, permite mantener el control territorial (frente a la delincuencia, los incendios, las plagas, la tala ilegal, entre otras amenazas), genera oportunidades para que jóvenes y mujeres se queden en los territorios y cuenten con sus propios medios de vida y en general contribuye a la gobernabilidad y la paz locales y regionales.

Concluyó que la llegada de una empresa minera a un territorio está precedida por una práctica ampliamente documentada: fracturar el tejido social local; es decir, debilitar la cohesión, intimidar y cooptar a las autoridades locales, dividir a las asambleas, convertir en enemigos a vecinos y pueblos.

El reporte Bosques comunitarios y minería en México advierte que la gravedad de estas condiciones lleva a plantear la urgente necesidad de reformar el marco legal minero vigente, eliminando el carácter de utilidad pública y preferente de la minería, reconociendo plenamente el derecho a la autonomía y libre determinación y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas y equiparables y de los núcleos agrarios y comunidades del país.

Al final, propuso a los legisladores eliminar el acceso preferencial de las mineras a las tierras y al agua, modificando sustancialmente el sistema de concesiones, incrementando la contribución fiscal de las empresas mineras y obligando a la transparencia sobre los volúmenes de explotación y las ganancias generadas por el aprovechamiento de estos bienes propiedad de la nación.

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