Fue el pasado 26 de octubre del presente año que el Congreso de Nuevo León, conformado por una mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de un amplio debate entre los legisladores, aprobó la licencia de Samuel García para separarse de la gubernatura de la entidad y así participar en la campaña electoral por la presidencia de la República.
El Poder Legislativo y el Ejecutivo mantuvieron roces a lo largo del 2023 ya que García Sepúlveda no ha publicado varios decretos en el Periódio Oficial del Estado de reformas aprobadas en el Congreso y envió con retrasos el presupuesto de Egresos del 2023.
El 31 de enero de 2023, los legisladores aprobaron por mayoría comenzar un juicio político contra Samuel García a través de la Comisión Anticorrupción del Congreso. Sin embargo, el gobernador obtuvo una suspensión definitiva del juicio político a través de un amparo el 22 de marzo.
Asimismo, el amparo detuvo las reformas del Poder Legislativo local que planteaban quitarle facultades al Ejecutivo local para trasladarlas al Congreso como el derecho a vetar en el proceso de selección del Fiscal, suprimir la facultad de sanción, refrendo, promulgación y publicación de leyes; quitar la atribución de reglamentar leyes; establecer la moción de censura a la totalidad del gabinete por parte del gobernador.
Por otra parte, el Congreso aprobó en febrero instruir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) poner especial atención a la cuenta pública del 2022-2023 en el gasto realizado en las líneas 4, 5 y 6 del Metro, comunicación social, viajes del gobernador Samuel García y la compra de un avión para el bombardeo de nubes durante la crisis hídrica que padeció la entidad.
Lo anterior derivó en una constante pugna entre ambos poderes y que en ocasiones tuvieron que recurrir a los tribunales para solucionar los conflictos. En este contexto, el emecista García Sepúlveda solicitó licencia al Congreso para participar en el proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, con varios procesos en su contra y presiones para auditar las finanzas públicas manejadas por el Ejecutivo. Además, García se comprometió en su campaña de 2021 a no abandonar el cargo como su predecesor, Jaime Rodríguez “El bronco”, para buscar la presidencia de la República, lo que le trajo una serie de críticas por parte de la sociedad neoleonesa.
Después de ser aprobada la licencia por seis meses a Samuel García, el 25 de octubre los legisladores nombraron a José Arturo Salinas Garza, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad como gobernador interino, en dicha sesión los diputados le tomaron protesta, es decir, un mes y una semana antes de que comenzara su interinato. Dicha acción del Congreso violó la Carta Magna de la entidad que en su artículo 132 establece que ningún trabajador del Poder Judicial del estado puede tener algún cargo en el gobierno o particulares.
Ante ello, Samuel García impugnó la decisión a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por lo que el 15 de noviembre el TEPJF revocó la decisión del Congreso local al ser una decisión violatoria de la legislación estatal. Sin embargo, determinó que la designación del gobernador interino dependía exclusivamente del Poder Legislativo tal y como lo establece la Constitución.
Unos días antes de que comenzara la licencia de Samuel García (2 de diciembre), el gobernador emecista envió una lista de perfiles como propuestas para la gubernatura interina, todos provenientes de su fuerza partidista, encabezada por el secretario general de Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco.
Mientras que el 29 de noviembre, el Congreso local nombró al vicefiscal de Ministerios Públicos en Nuevo León, Luis Enrique Orozco, como gobernador interino tras una sesión irrumpida por manifestantes en las instalaciones del Poder Legislativo que derivó en el uso de bombas de humo para dispersar la protesta y la presencia de la fuerza pública para garantizar el nombramiento del gobernador interino.
La decisión fue impugnada por Samuel García en un tribunal especializado en lo laboral de la Ciudad de México, donde el juez de distrito estableció el 1 de diciembre que el Congreso local debía nombrar a un gobernador interino proveniente de la fuerza política de Samuel García al ser el partido político que ganó las elecciones del 2021.
Sin embargo, media hora antes de que concluyera el día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de un comunicado dado a conocer por el ministro Javier Laynez ordenó que Luiz Orozco tomara posesión de la gubernatura interina para garantizar la gobernabilidad y estabilidad de la entidad.
Lo último derivó en una crisis política en la que la fuerza pública rodeó la sede del Poder Ejecutivo donde se alojó Navarro Velasco como gobernador interino nombrado por Samuel García. Luego, a la medianoche arribó el gobernador interino nombrado por el Congreso local, Luis Enrique Orozco, a solicitar la administración del Ejecutivo, la cual fue negada por Navarro Velasco.
En medio de esta maraña judicial, Samuel García decidió regresar a la gubernatura y desechar su licencia, abandonando así sus aspiraciones presidenciales al no cumplir con el tiempo requerido fuera de su cargo como jefe del Ejecutivo local.
En las siguientes horas, en Nuevo León había dos gobernadores que provocaron desconcierto ya que ambos agendaron actividades protocolarias como titulares del gobierno para el 2 de diciembre.
Mientras tanto, el Congreso del Estado no fue notificado por Samuel García por un oficio correspondiente sobre su regreso a la gubernatura, en consecuencia el 2 de diciembre la legislatura aseguraba que la licencia del emecista se mantenía vigente y el gobernador era Luis Enrique Orozco.
La incertidumbre pública duró 72 horas más, este 4 de diciembre Luis Enrique Orozco renunció a la gubernatura interina para, en sus palabras, “garantizar la paz y la estabilidad de la entidad”. Asimismo, el presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra, aseguró que el Poder Legislativo no obstaculizará el regreso de Samuel García como gobernador constitucional de Nuevo León.