Las nuevas cifras del Inegi no dejan espacio para la ambigüedad: el campo en Puebla se desploma. En apenas un año, el sector primario perdió 103 mil 219 trabajadores, al pasar de 620 mil 354 personas ocupadas en el tercer trimestre de 2024 a 517 mil 135 en el mismo periodo de 2025. Se trata del retroceso más profundo registrado en el país y confirma que la agonía del agro poblano no es un fenómeno coyuntural, sino estructural.
Los datos son contundentes. En un estado con 6.6 millones de habitantes y 3.1 millones de personas ocupadas, sólo 16.7 por ciento de la población laboral permanece en el sector primario. Mientras tanto, los servicios absorben 58.7 por ciento de la fuerza de trabajo y la industria 24.4 por ciento. En contraste con todo ello, el campo continúa expulsando trabajadores a un ritmo alarmante.
No es casualidad: los efectos de la pandemia no han sido superados; las presiones económicas globales –incluidas las amenazas arancelarias de Donald Trump– agudizan la incertidumbre; y las políticas públicas siguen sin construir un blindaje real para los pequeños y medianos productores, históricamente los más vulnerables.
La precariedad laboral es otro componente del derrumbe. Del total de personas ocupadas en el campo, 99.2 por ciento carece de prestaciones. Esto significa que más de medio millón de trabajadores enfrenta jornadas enteras sin derechos básicos ni acceso a la salud.
A ello se suma la desconfianza hacia la Secretaría de Desarrollo Rural. Las denuncias sobre sobrecostos en insumos, precios inflados en semillas agravan la ruptura entre los productores y las autoridades estatales del sector. Los bloqueos carreteros recientes y la ausencia de diálogo directo son síntomas de una crisis institucional que ya no puede maquillarse.
Los números del Inegi no solamente describen un desplome: exigen replantear de raíz el modelo de apoyo al campo. Sin ello, Puebla corre el riesgo de normalizar la desaparición de su base agrícola y de quienes la sostienen.
